En el marco del debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, para decidir si esta medida cautelar, debe o no permanecer en la Constitución.
Expertos han señalado que esta medida no siempre es sinónimo de justicia ni de menor incidencia de delitos, en el caso de Guanajuato 4 de cada 10 personas recluidas, se encuentran en prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario Estatal y federal 2022, publicado por Inegi, en los 11 centros penitenciarios de Guanajuato se tiene a un total de 6 mil 50 personas recluidas; así mismo una solicitud de acceso a la información con corte al 01 de agosto de 2022, indica que se tiene a 2 mil 650 personas en prisión preventiva, esto quiere decir que el 43 por ciento de la población penitenciaria del estado se encuentra en espera de una sentencia condenatoria o de absolución, con su vida en pausa.
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La prisión preventiva, consiste en la privación temporal de la libertad de una persona, para asegurar la integridad de las víctimas o testigos en el desarrollo de un proceso penal sin que la persona acusada se sustraiga de la justicia. Se trata de una disposición previa a la investigación, con la cual se elimina la presunción de inocencia de la persona, hasta que no se demuestre su responsabilidad.
En cuanto a los reclusos en cada uno de los 11 centros penitenciarios de Guanajuato que aún no tienen una sentencia, el primer lugar lo ocupa Celaya con 724, le sigue León 709, el Centro Estatal de Readaptación Social de Valle de Santiago tanto masculino como femenino suman en total 294, en Irapuato 252, en Guanajuato capital 194, la cárcel de San Miguel de Allende 150, Salamanca 92, el centro penitenciario de Pénjamo 62, Acámbaro 55 y Finalmente en San Felipe Torres Mochas 35 personas en espera de sentencia, esto con corte a junio del 2022.
Un reporte elaborado por México Evalúa, revela que a nivel nacional sólo 3 de cada 10 presos son condenados, generando con ello un mayor hacinamiento en las cárceles y un incremento de casos de familias desintegradas, sin que esto se vea necesariamente reflejado en la reducción de delitos.
“La prisión preventiva oficiosa, es eso, es una violación de nuestros derechos y sobre todo el derecho fundamental a que se nos considere inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario, en cualquier sistema democrático eso es un principio central, es un escudo del ciudadano tiene frente al abuso del poder”, explicó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
El reporte también señala que en el país sólo 30 por ciento de las personas privadas de la libertad concluyen su proceso con una sentencia condenatoria, por lo que el 70 por ciento restante pasa años en prisión, para que al final del proceso la autoridad concluya que no era responsable del delito por el que se le acusó, de ahí que esta organización civil proponga que el uso de la Prisión Preventiva Oficiosa debe ser mínima, excepcional y sólo para aquellos casos en los que otras medidas no sean suficientes.
PCQG