De 2018 al cierre de 2021, en el estado de Guanajuato se presentaron 607 denuncias por el robo de cuentas de WhatsApp con fines de extorsión, una nueva modalidad que ha cobrado fuerza durante los últimos años.
Los datos corresponden a las investigaciones que la Fiscalía General del Estado inició por el tipo penal de fraude en las que obra un registro sistematizado de qué, para la Comisión del delito, se utilizó dicha aplicación móvil.
Las denuncias han tenido un incremento progresivo con el paso de los años, pues en el 2018 se registraron solamente 64, para el año 2019 prácticamente se duplicaron al recibirse 120 denuncias, para el 2020 nuevamente crecieron con 154 y para el cierre de 2021 llegaron a su máximo histórico con 269 denuncias por este tipo de modus operandi.
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Ante la alta incidencia de extorsiones a través de robo de cuentas de WhatsApp, telefónicas y hasta presenciales, en lo que va del 2022 desde el Congreso del Estado de Guanajuato se han aprobado dos reformas al Código Penal en esta materia.
La primera para reubicar el tipo penal de extorsión, a fin de incorporarle y reconocerle formalmente como delito contra la libertad y la seguridad de las personas, donde baste con el daño emocional y psicológico que se causa a la persona víctima, para que se acredite el delito y la segunda reforma para dar prisión preventiva a los extorsionadores.
"Nosotros hicimos una reforma hace unos meses al código penal, prácticamente reformando el artículo 179 e) y 179 f), donde incluso ya cambiamos el delito, para que ya no sea de resolución material o de carácter material si no de carácter formal, ya que antes para acreditar que se llevaba a cabo este delito, tenía que la víctima acceder a entregar algo o hacer algo en beneficio de otra persona y después de esta reforma esto prácticamente ya no es así.
Ya basta con la intención de qué te quieren obligar a dar o hacer algo para que así pueda acreditar este delito”, explicó el Diputado Martín López Camacho, presidente de la comisión de seguridad.
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En la entidad, este delito se sanciona con penas que van desde los 3 hasta los 15 años de prisión, pudiendo incrementarse cuando el sujeto activo se ostente como miembro de un grupo delictivo, se lleve a cabo el cobro de cuotas o se encuentre recluido en un centro de reincersión social.
Adicionalmente, se trabaja en una reforma a gran escala al Codigo Penal del Estado de Guanajuato, para incrementar o ajustar las penas a los delitos que aquejan a la población.
PCQG