El estado de Guanajuato ocupa el sexto lugar nacional en población penitenciaria, con un total de 6 mil 687 presos con corte al año 2020, conjuntamente en centros penitenciarios, tanto del ámbito federal como estatal. Del total de población 6 mil 159, es decir el 92 por ciento, fueron encarcelados por delitos de fuero común y solo el ocho por ciento restante por delitos del fuero federal, solo a 12 personas se les tiene privadas de la libertad por ambos tipos de delitos.
Del fuero estatal en su gran mayoría con 6 mil 50 son hombres, lo que representa al 98 por ciento de la población; mientras que el 2 por ciento restante equivalente a 236 mujeres. En cuanto a delitos del fuero federal 256 fueron hombres y 24 fueron mujeres.
Actualmente 2 mil 426 presos en Guanajuato se encuentran en espera de sentencia, 392 no tienen aún una sentencia definitiva ya que presentaron alguna apelación y 3 mil 869 tienen una sentencia condenatoria definitiva.
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En México, los delitos son investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales del fuero federal o autoridades de los estados que son del fuero común. Son del fuero común los que afectan directamente a las personas en lo individual, ejemplo de ello son: el robo a transeúntes; robo de vehículo; robo a casa habitación; robo a negocio; lesiones; daño en propiedad ajena; fraude; delitos sexuales; homicidio o corrupción de menores, entre otros.
Se identifican como delitos del fuero federal aquellos que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación, por ejemplo: narcotráfico; delitos contra la salud; portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; contrabando, defraudación fiscal; trata de personas y hasta los denominados delitos electorales.
Cabe destacar que los supuestos que permiten que las autoridades federales intervengan son mucho más restrictivos, existen consideraciones que admiten que las autoridades federales conozcan de un delito, como la intervención servidores públicos federales, que el delito se haya cometido en un territorio considerado como federal o se encuentre relacionados con el funcionamiento de un servicio público federal.