El grupo de habitantes de Atitalaquia que se opone a la operación del nuevo basurero regional interpondrá un amparo contra la operación del inmueble, así como una queja ante laComisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Jesús Eduardo García Pérez, abogado integrante del colectivo que está en contra de la contaminación ambiental en Atitalaquia, señaló lo anterior en entrevista durante la protesta que pobladores efectuaron la mañana del sábado en la alcaldía, tras una marcha.
El abogado expresó que como miembros del colectivo han constatado “como camiones de basura llegan literalmente a dejar la basura a cielo abierto, sin ningún otro tipo de protección”, y debido a la violación al derecho a un medio ambiente sano procederán con una queja ante la CHDEH y además con “amparo porque hay una afectación sistemática a una serie de derechos, no solamente al medio ambiente, sino a otros como el derecho a la consulta, la participación, a la información, a la vida, a la salud, a la vivienda digna, los cuales son afectados”.
Dijo que en este municipio hay un problema integral de contaminación, “más allá del basurero, es importante señalar que hay una serie de actos que están generando contaminación”, sin embargo, dijo que en el caso del basurero se trata de un proyecto que no se socializó y se implementó de manera exprés.
“El 24 de diciembre se aprueba en cabildo y un par de semanas después ya estaban dando el banderazo, sin que se nos consultara, lo cual viola el derecho a la consulta, a la información y a la participación ciudadana”, relató.
García Pérez lamentó que en Hidalgo estos derechos no se respeten, lo que se suma a la falta de respuesta por parte de una autoridad local o estatal, instancias de gobierno que expidieron los permisos para este basurero en el que depositarán sus residuos nueve municipios de la región.
Recordó que recientemente hubo una protesta contra el basurero, al término de la cual las autoridades municipales se comprometieron a clausurar la instalación, pero “nos engañaron diciéndonos que ellos tenían la posibilidad de cerrar o suspender el basurero, sin embargo, era totalmente falso pues ellos no tienen ninguna facultad para hacer ese tipo de cierre”.
Después de ello no se les ha ofrecido alguna respuesta, “desafortunadamente ni el presidente sabe exactamente qué tipo de contrato firmó, no nos ha mostrado ningún permiso, concesión, dictamen de ninguna naturaleza”.
El abogado recordó que hace tres años “la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) ya había calificado el proyecto como no viable porque debajo de esos predios existe un manto freático a muy baja profundidad y en caso de que haya filtración de basura que se haya acumulado puede haber afectación grave a ellos”.
Dijo que a raíz de las protestas la empresa que opera el inmueble ha pretendido socializar el proyecto, “pero lo hacen después de que está hecho, esto debió ser antes de que empezara el proyecto; es muy importante el derecho a la información, la consulta y la participación ciudadana, por eso era importante hacerlo antes y no se cumplió con ese derecho, que al final es una obligación del Estado”.
Las medidas de protesta continuarán y se informarán en su momento a la ciudadanía para que más pobladores y activistas ambientales participen en ellas, a fin de impedir la operación del basurero regional.