En el municipio de Ures iniciaron la reunión informativa que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre afectados por el derrame tóxico del Río Sonora, la procuradora federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, y representantes de Grupo México, con la cual se busca retomar las investigaciones y acciones necesarias para lograr una efectiva justicia social y ambiental.
El diálogo fue organizado por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en cumplimiento a la sentencia dictada por la SCJN en el amparo en revisión 640/2019, que fue promovido por habitantes de los siete pueblos que integran los Comités de Cuenca Río Sonora, por lo que son ellos, los firmantes, quienes fueron convocados.
El 15 de enero de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte concedió por unanimidad dicho amparo y protección de las comunidades afectadas por el derrame en el caso relacionado con la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental.
El recurso fue uno de los que han promovido a lo largo de más de siete años de lucha los Comités de Cuenca Río Sonora, y representó su mayor triunfo legal hasta el momento, pues en él exigían que se reabriera el fideicomiso que la administración de Enrique Peña Nieto declaró extinto de manera unilateral, regresando a Grupo México 800 millones de pesos que no fueron utilizados a pesar de que la remediación no se dio.
Por motivos de la pandemia y para respetar los protocolos sanitarios, la reunión fue dividida en varios horarios para escuchar y atender a los ciudadanos por grupos, por lo que las actividades informativas continuarán este domingo 23 de mayo en el Museo Regional de Ures.
El primero en tomar la palabra fue Mario Salcido, quien, a nombre de los firmantes, dijo "queremos que esta reunión sea precisa y que nos lleve a una remediación del Río Sonora y no se convierta meramente en una visita de las autoridades".
Martín Valenzuela, otro de los afectados, entregó a las autoridades encabezadas por la titular de Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera, un documento en el que detallaron una serie de incumplimientos del Fideicomiso Río Sonora.
"Son siete años de violaciones de nuestros derechos, nos prometen cosas pero no solucionan. Queremos que el Fideicomiso cumpla con sus objetivos y que complete la remediación", exigió Diana Andrade.
El miércoles 19 de mayo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, habló sobre la situación que guarda el Río Sonora y mencionó que “es un expediente abierto”.
La funcionaria detalló que se reformulará el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora para retomar los trabajos de remediación, atención a la salud y reactivación económica, pendientes y se revisarán y retomarán los recursos no usados por el Fideicomiso y devueltos a Grupo México.
Aseguró también que continuarán con las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por actos y por omisiones, y se harán visitas cuatrimestrales de monitoreo a las actividades mineras.
Durante la reunión realizada ayer sábado en Ures, Héctor Estupiñán, integrante de los Comités de Cuenca, se dirigió directamente a la persona que acudió en representación de Grupo México: "¿Usted sabe que representa a una de las empresas más poderosas? Que por un ‘error técnico’ o lo que sea, ¿nos afectaron? Le dejo la pregunta para sus jefes, para que remedien el daño".
Los firmantes del amparo consideran que las medidas anunciadas por el gobierno federal son adecuadas, sin embargo, para lograr una verdadera remediación y justicia para sus pueblos, es necesario que atiendan las acciones urgentes que ellos han venido exigiendo.
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“Ya no podemos esperar”, puntualizaron, por ello piden que se implemente un plan de acción concreto, con plazos y con recursos para llevarlo a cabo, y principalmente se definan acciones urgentes para asegurar que en las comunidades del Río Sonora dejen de consumir agua contaminada con metales pesados, situación que ya fue reconocida por la Cofepris luego de los monitoreos realizados en 2020.
“Tienen la obligación de cuestionar las potabilizadoras actuales que no cumplen con su responsabilidad de dar agua limpia y son una carga para los habitantes y municipios que ahora no saben qué hacer con ellas”, dijo Mario Salcido, vecino de Ures.
Los habitantes organizados piden que se les tome en cuenta como afectados en la planeación y ejecución de todas las acciones que realicen las distintas dependencias, y se les dé acceso a la información de las inspecciones que la Profepa realizó en la presa de jales de Grupo México, tal como se les prometió desde 2019.
Al respecto, durante la reunión informativa, doña Esperanza García alertó sobre el miedo con el que viven ante el establecimiento de nuevas minas en la región, además de la de Cananea, de las que no tienen información que les garantice que están protegidas y que no siguen contaminando el río.
Los comités de Cuenca Río Sonora se dijeron esperanzados en que realmente se les escuche, que las autoridades federales dejen de hacerles promesas en el aire, y que el próximo lunes el presidente López Obrador informe acciones concretas a realizar como resultado de las reuniones que continúan hoy en Ures.
DMZ