De los 2 mil 448 jornaleros que llegaron este año a Guanajuato, 827 son niños, 152 adultos mayores, 23 mujeres embarazadas y tres personas con discapacidad, según informó la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHE), luego de mencionar que ha visitado 30 comunidades de León, San Francisco del Rincón, Romita y Manuel Doblado para supervisar que las dependencias gubernamentales del Estado, la Federación y el Municipio cumplan con la atención y servicios que deben garantizarse a trabajadores provenientes en su mayoría del Guerrero.
MILENIO dio a conocer que un menor de edad, proveniente del estado de Guerrero perdió la vida mientras realizaba labores de recolección de verduras.
“Somos un organismo que se encarga de proveer las condiciones de trabajo que sean dignas, de igualdad", explicó que es a partir de febrero y hasta el mes de julio que se realizan las inspecciones en campo, para verificar que se cumpla con el programa Atención a Jornaleros Migrantes.
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El funcionario estatal explicó que además se solicitó a las dependencias federales, estatales y municipales, informes sobre el trabajo que han ejercido a lo largo de estos casi seis meses en atención a los jornaleros.
“Hemos solicitado informes a la Subsecretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el DIF; la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y a las presidencias municipales; para ver qué políticas y acciones públicas tienen establecido para garantizar estos derechos”, comentó.
Detalló que las comunidades con mayor presencia de jornaleros es en León, la Sandía, Rancho Nuevo de la Luz, Barretos, La Arcina, Los Ramírez, Nuevo Lindero, Santa Ana del Conde, San Ignacio, El Maguey, Los Sapos, La Estancia de los Sapos, de San Francisco del Rincón, San Roque de Torres y San Roque de Montes; de Romita, San Carlos el Jagüey; el Jagüey y el Pochote, además de las colonias Corrales de Ayala, Loma Bonita y Los Campos.
“Nos ayuda a entender qué acciones se han hecho, cómo se encuentran, que podemos hacer para que estas personas conozcan sus derechos y cuando lleguen a necesitar una atención médica, una atención de salud, donde están los centros de salud y que días estas caravanas de salud, van a estar, y si les dan su atención oportuna”, explicó.
Montero de Alba dijo que la función de la Procuraduría es garantizar que pueden ayudarle a los jornaleros y de complicarse el acceso a salud, educación y asistencia social, generar acciones con las dependencias de gobierno para hacer valer estos derechos.
Explicó que de momento no hay observaciones a dependencias, ni tampoco denuncias o señalamientos por parte de los jornaleros, muchos de ellos, que aún hablan lengua indígena.
El procurador apuntó que el contacto con los jornaleros, derivado de sus usos, costumbres y cultura, se basa en una comunicación de respeto y dentro de campo se aseguran de que los trabajadores sepan que hay opciones de vivienda, comedores comunitarios, servicios de salud y educación a los que puedan acceder.