Entre abril de 2013, año en el que entró en vigor la tipificación del feminicidio en el estado de Hidalgo, a octubre de 2023, fueron asesinadas 663 mujeres, de las cuales 247 fueron feminicidios consumados y en grado de tentativa, de acuerdo el informe ‘Reparación integral del daño a víctimas por el delito de feminicidio: desafíos para el sistema de procuración de justicia en Hidalgo’.
El documento, elaborado entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Asociación Civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (SEIINAC), señala que del total de homicidios contra mujeres, el 31 por ciento fueron homicidios dolosos, el 38 por ciento homicidios culposos y el 31 por ciento feminicidios, lo que significa que de cada diez homicidios dolosos contra mujeres tres son por razones de género.
En 2013 se registraron dos casos de feminicidios contra mujeres hablantes de lenguas maternas distintas al español, uno en 2014, tres en 2016, uno en 2023 y dos casos en 2015 en grado de tentativa.
Estas cifras, señala el informe, representan un desafío para las instituciones encargadas de recopilar elementos que puedan ser indicios o probatorios en casos de feminicidio o su tentativa, especialmente cuando, tanto personas como víctimas hablan una lengua indígena.
Casos de feminicidios están presentes en la mayor parte de Hidalgo
De los 84 municipios de Hidalgo los feminicidios se han presentado en 62 de ellos en los últimos diez años. Los municipios que presentan el mayor número de casos de feminicidios y tentativas son: Tulancingo, con 27 casos; Pachuca de Soto, con 25 casos; Tizayuca, con 21 casos; Ixmiquilpan, con 10; Huejutla, Tepeji y Cuautepec, registran seis casos cada uno.
La investigación menciona que en 2013 el 72.7 por ciento de los feminicidios se cometieron con otro elemento, el cual no se especifica, 18.2 por ciento con arma blanca y 9.1 por ciento con arma de fuego. En contraste, en 2023, el uso de arma de fuego aumentó al 31.6 por ciento y las armas blancas al 26.3 por ciento.
Precisa que aunque los porcentajes han fluctuado a lo largo de los años se observa un incremento notable de feminicidios cometidos con arma de fuego a partir del 2020, 10.5 por ciento ese año, 27.3 por ciento en 2011, 15.8 por ciento en 2022 y 31.6 por ciento en 2023.
El estudio agrega que con datos del 2014 al 2023, se identifica que la edad promedio de las víctimas de feminicidio en casos consumados y 30 años en tentativas. De 2021 a octubre de 2023 se identificaron en Hidalgo 12 infancias en orfandad.
De acuerdo con USAID y SEIINAC, desde 2014 hasta 2023 se registraron sentencias por feminicidio de más de 25 años en un rango que fluctúa entre el 100 y el 75 por ciento de los casos por año. Para los adolescentes que cometen este delito las sentencias suelen ser menores a cinco años.
Reparación integral del daño
En cuanto a la reparación integral del daño, que es la compensación solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en casos de feminicidio se informó que del 2021 al 2023, se ha registrado una disminución del 23.1 por ciento en los casos donde no se solicitó alguna compensación por parte de la Procuraduría, y en el mismo periodo, se ha incrementado en un 34.6 por ciento las solicitudes de montos mayores a los 50 mil pesos.
“Sin embargo, a pesar de que la Procuraduría solicite estas compensaciones en realidad vemos muy lejana la materialización de la reparación integral del daño con relación a las compensaciones económicas”, sostuvo Alan Javín Álvarez Ríos, director ejecutivo de SEIINAC.
El informe "Reparación integral del daño a víctimas por el delito de feminicidio" recomienda que es crucial que el Poder Ejecutivo contemple y genere mecanismos de protección y reparación del daño a las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad por el delito de feminicidio.
Subraya que a pesar de que los datos específicos solo están disponibles desde 2021, existe una urgente necesidad de reconocerles como víctimas, que trascienda más allá de la mera compensación económica.
Álvarez Ríos puntualizó que el acceso a la justicia y la reparación del daño no deben de estar condicionados por la clase socioeconómica de las víctimas y enfatizó que los contextos diversos de las familias no deben convertirse en un obstáculo para obtener justicia.
Finalmente, el documento recomienda también a las autoridades adoptar y replicar buenas prácticas en la atención a víctimas de feminicidio como el trabajo colegiado en investigaciones, el apoyo emocional y psicológico a las víctimas y la integración de dictámenes de trabajo social.