Hidalgo ha reprobado los últimos cinco años cuatro de las cinco supervisiones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a sus Centros de Reinserción Social (Ceresos) entre 2017 y 2021.
La escala de evaluación de la CNDH es de cero a 10 y las supervisiones a los penales de la entidad han arrojado calificaciones entre cuatro y cinco con un solo seis en el sexenio que está por concluir el 4 de septiembre de este año.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2017 Hidalgo tuvo una evaluación de sus penales de 4.80 en el primer año de gobierno de Omar Fayad Meneses.
Para el 2018 la evaluación aumentó a 5.28, en 2019 el estado alcanzó la calificación más alta con 6.14, sin embargo, en 2020 disminuyó a 5.16 y en 2021 descendió a 4.50, una calificación cercana al inicio de la administración estatal.
La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo precisa que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, es la facultada para administrar y operar los Centros Penitenciarios y de internamiento para adolescentes del estado.
El titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social es Saúl Martínez Hidalgo y su trabajo es supervisado por la subsecretaria de Reinserción Social, Laura Talamantes García, quien fue nombrada en el cargo el 30 de septiembre de 2016.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 tiene como objetivo constatar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en el país.
En Hidalgo el personal de la CNDH supervisó en 2021 a 15 Centros de reinserción social de los cuales 13 obtuvieron calificaciones reprobatorias y solo dos alcanzaron evaluaciones de seis y siete.
El penal con la evaluación más baja es Atotonilco el Grande con 1.85, le sigue Zacualtipán con 3.21, Jacala con 3.41, Huichapan con 3.59, Tizayuca con 3.88, la Huasteca con 4.25, Apan con 4.26, Molango con 4.35, Ixmiquilpan con 4.41, Tulancingo con 4.44, Mixquiahuala con 4.61, Actopan con 5.42 y Tula con 5.45.
Cabe mencionar que Atotonilco el Grande, Zacualtipán y Tizayuca son cárceles distritales, sin embargo la Comisión Nacional de Derechos Humanos los evaluó como Centros de Reinserción Social, situación que, argumentó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSH), disminuye su calificación a nivel nacional.
Los dos centros penitenciarios que alcanzaron evaluaciones aprobatorias son el Centro de Reinserción Social de Pachuca con 6.67 y el Centro Femenil de Reinserción Social de Pachuca con 7.65.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria precisa que Hidalgo en 2021 contaba con cuatro mil 732 personas privadas de la libertad, no tiene personal suficiente de seguridad y custodia, ese año se registró un homicidio, un suicidio, dos fugas de internos, 19 abusos y 130 quejas en el organismo público de Derechos Humanos.
Los penales de Atotonilco el Grande, Zacualtipán, Jacala, Huichapan, Tizayuca, la Huasteca, Apan, Molango, Ixmiquilpan, Tulancingo, Mixquiahuala, Actopan y Tula reprobaron en las evaluaciones los aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad, una estancia digna, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social de las personas privadas de la libertad así como en los grupos de personas con necesidades específicas.
El personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó la presencia de actividades ilícitas en los penales de Ixmiquilpan, la Huasteca, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Actopan, Molango y Apan así como extorsión y sobornos en el Cereso de Molango.
En las condiciones de gobernabilidad la CNDH precisó que hay ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de su libertad, es decir autogobierno, en los centros penitenciarios de Ixmiquilpan, la Huasteca, Huichapan, Pachuca, Tulancingo, Molango y Apan.
Además dio a conocer que hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia en los Ceresos de Ixmiquilpan, la Huasteca, Tizayuca, Atotonilco el Grande, Zacualtipán, Huichapan, Jacala, Pachuca, Tula, Tulancingo, Actopan, Molango, Mixquiahuala, Apan y el Penal Femenil de Pachuca.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos puntualizó que el Diagnóstico Penitenciario 2021 constituye un eslabón importante para visibilizar las deficiencias y áreas de oportunidad por lo que las autoridades deben poner mayor atención en ello y actuar en correspondencia y diligencia ante la gravedad de las omisiones y deficiencias.