Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informaron que será a partir del miércoles que inicie la suspensión de labores en protesta por la reforma al poder judicial que impulsa el gobierno federal.
De acuerdo con Sergio Daniel Martínez Badillo, representante de la base trabajadora, así se acordó como parte del Vigésimo Noveno circuito judicial al que pertenece el estado de Hidalgo.
El funcionario judicial precisó que el hecho de que otros circuitos judiciales hayan iniciado la suspensión de labores este lunes no implica que haya una división, sino que cada circuito judicial acordó la fecha de inicio de esta protesta.
Por su parte, los titulares de los juzgados de distrito informaron que esperaran la determinación que se tome a nivel nacional para determinar su adhesión al paro.
Esta votación se dará este lunes, informó Verónica Gutiérrez Fuentes, jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio.
Por su parte, Elizabeth Vaca Cardozo, jueza segunda de distrito, reconoció que la suspensión de labores afectará la administración de justicia, pero precisó que los asuntos con carácter de urgente serán resueltos, siendo contemplados aquellos del Articulo 19 de ley de amparo , 22 constitucional y el catalogo que los juzgadores decidan incluir para garantizar un acceso efectivo a la justicia y los asuntos urgentes.
Entre estos casos se enlistó pensiones alimenticias, detenciones, desapariciones todos los asuntos que se reciben guardias. En Hidalgo son 700 trabajadores los que constituyen este circuito judicial, entre titulares y base trabajadora.
¿Qué es la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO?
La propuesta incluye que las y los magistrados del Tribunal Electoral mantendrían sus cargos hasta 2027. Para ese año, se espera que todos los magistrados y jueces federales del país sean renovados mediante voto popular, en un proceso que se llevará a cabo en dos períodos electorales: uno en 2025, para los nuevos ministros de la SCJN, y otro en 2027, para el resto de los integrantes del Poder Judicial.
Esta reforma busca transformar la forma en que se eligen los altos funcionarios judiciales, pasando de un sistema de nombramientos a uno basado en elecciones populares, lo que ha generado un intenso debate sobre la independencia y la eficacia del Poder Judicial en México.