Los retenes aleatorios a vehículos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para detectar armas, son bien vistos por la iglesia católica en la entidad, siempre y cuando éstas cumplan con su labor de prevención del crimen sin abusar de los derechos humanos de los ciudadanos que sean sometidos a las revisiones, señaló el Cardenal tapatío y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Francisco Robles Ortega.
“Si las volantas, vamos a decir, previenen que se sigan cometiendo este tipo de crímenes no solo contra los policías, con cualquier persona, cualquier ciudadano, pues si se implementan y son efectivas, pues bienvenidas”, dijo este domingo luego de oficiar su misa dominical en Catedral.
Y agregó que lo que resta vigilar en los operativos, es que no se abuse ni limiten los derechos humanos, confiando en que la comisión esté al tanto de evitarlo.
Lo retenes aleatorios volvieron a implementarse en la ciudad luego del asesinato de seis policías municipales, cuatro de Guadalajara y 2 de Tonalá, el lunes de la semana pasada. Tras esta tragedia, el diputado local Salvador Caro también propuso el incremento a las penas contra quien ataque a elementos policiacos.
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Sobre esto, Robles Ortega opinó que el aumento a las penas debería de darse en todos los casos de asesinato, y no solamente en el de policías: “sí, muy valiosa la vida de un policía por el servicio que presta, pero igual de digan y valiosa toda vida humana, de tal manera que así debieran ser de duras las leyes contra todos los atropellos a la vida humana”.
Sobre el caso de los policías asesinados, lamentó que “el clima de inseguridad es tal, que ya ni la autoridad, quienes están encargados de velar por ella, pues ya ni ellos están seguros. Esa es la realidad, es lo que hay que revisar y hay que corregir”.
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En las reformas propuestas por Salvador Caro al código penal estatal se contemplan penas de 40 a 70 años de cárcel en homicidio contra los elementos, así como de 2 a 5 años cuando sean víctimas de lesiones que no pongan en riesgo su vida. Estas aplicarían también en el caso de defensores de derechos humanos, jueces y agentes del Ministerio Público.
MC