Feministas integrantes del Grupo de Mujeres Cíhuatl, Conversatorio de Mujeres en Hidalgo, Proyecto de Televisión Independiente, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) y Equidad de Género Asociación Civil, lamentaron y rechazaron la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputadas y diputados locales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
La presidenta del Grupo de Mujeres Cihuatl, María del Carmen Rincón Cruz, señaló que si bien las diputadas y diputados están en su derecho de presentar la acción de inconstitucionalidad la interrupción legal del embarazo en Hidalgo sigue vigente a pesar del proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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En tanto la coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Berta Miranda Rodríguez, puntualizó que para que proceda la acción de constitucionalidad se requiere, de acuerdo con la Constitución, del 33 por ciento de los legisladores, es decir 10 diputados.
En el oficio en el que se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparecen 11 diputadas y diputados: María Luisa Pérez Perusquía, Julio Manuel Valera Piedras, Mayka Ortega Eguiluz, José Luis Espinosa Silva, Adela Pérez Espinoza de la bancada del PRI; Asael Hernández Cerón, Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinosa del PAN; Jajaira Aceves Calva, Felipe Ernesto Lara Carballo del Partido Encuentro Social; y la diputada independiente Areli Rubí Miranda Ayala.
Sin embargo, el área de comunicación de la fracción parlamentaria del PRI, informó que la coordinadora, María Luisa Pérez y su compañero Julio Valera no firmaron el documento.
Miranda Rodríguez señaló que con ello no se cumple el porcentaje para la solicitud de la acción de inconstitucionalidad al sumar solo nueve legisladores por lo que se confunde a la ciudadanía y se trata solo de un juego mediático.
“El hecho de que la presenten no quiere decir que la va a admitir la Suprema Corte de Justicia y que la va a tomar algún ministro para usarla como su ponencia y que van a tener una resolución favorable, es un todo un proceso y nos podemos dar cuenta de que es un juego mediático de los conservadores”, sostuvo.
Adriana Jiménez Patlán, integrante de Equidad de Género Asociación Civil, puntualizó que el proceso en la Suprema Corte puede tardar todo un año e incluso de uno hasta cinco años.
El pasado 30 de junio, en medio de señalamientos de integrantes de las bancadas del Partido Encuentro Social, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional de que no se tuvo un proceso legislativo correcto al interior de las Comisiones de Legislación y Seguridad, los diputados locales aprobaron con 16 votos a favor y una abstención las reformas al Código Penal y la Ley de Salud con lo que se permite la interrupción legal del embarazo en el estado hasta la doceava semana de gestación.
Posteriormente, el 6 de julio por la noche, el gobernador Omar Fayad Meneses publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) las reformas al Código Penal y la Ley de Salud con lo que de permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, las cuales entraron en vigor a partir del 7 de julio.
La acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de agosto por los diputados locales la cual quedó registrada con el folio 13100.