El cabildo de Tula de Allende canceló el contrato de compra-venta de cuatro patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, al argumentar que existía un sobreprecio de más del 10 por ciento en el costo.
En la última sesión de cabildo los asambleístas abordaron el tema, mismo que ha causado polémica en las últimas semanas debido a la premura con la que ex funcionarios municipales quisieron aprobar el contrato, a pesar de la ausencia del ahora ex alcalde M. H. B.
En la sesión se informó que la revisión que realizó el personal de la presidencia que encabeza ahora Mario Guzmán Badillo, detectó que el sobreprecio era de aproximadamente 10 por ciento en el costo de las unidades.
Pero además que los miembros del ex comité de adquisiciones municipal firmaron documentos en ausencia, así como otras irregularidades, por lo cual estos carecían de validez.
El ex comité pretendía adquirir las cuatro unidades con la empresa Conversiones Especializadas Help co S. A. de C. V., y al someterse a revisión del tema se consideró que había un sobreprecio de más de un millón 600 mil pesos.
Una vez que se presentaron todas las consideraciones del tema, este se sometió a votación del pleno y por 18 votos a favor y tres en contra, se aprobó la cancelación del contrato para la compra de esas cuatro patrullas.
Los asambleístas consideraron que con el ahorro que se puede generar al evitar este contrato con un precio mayor, se podría adquirir una quinta patrulla para mejorar las condiciones de seguridad en el municipio, o incluso refirieron que ese recurso podría destinarse a otro tema.
Ahora deberán completarse las acciones para la cancelación de ese contrato y deberán comenzar las labores para el nuevo contrato, a través del cual el ayuntamiento buscará adquirir patrullas con otro proveedor que ofrece un precio menor.
Recientemente el regidor Ricardo Baptista González denunció que en propuesta para la compra de patrullas en Tula de Allende hubo mala fe, pues detectaron un sobreprecio en el costo de las unidades.
Adelantó entonces que el tema estaba en revisión pues había condiciones para que se revirtiera el proceso sin consecuencias legales o económicas para el municipio, una de las principales preocupaciones en el cabildo.