El 2023 fue el año más violento para las infancias en la Sierra de Chiapas, por lo que se estima que más de 100 mil niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados sus derechos humanos, reveló Violeta Galicia Luna, coordinadora operativa de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS).
En entrevista para MILENIO, la activista precisó que los menores han resultado afectados por los hechos violentos generados por el crimen organizado en esa zona del estado sureño del país, situación que se ha agudizado en los últimos días por el desplazamiento forzado que ha provocado una organización social vinculada a uno de los cárteles.
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“Estuvimos haciendo un recuento de cuántas personas habrían sido afectadas por la suspensión de clases, la sección 025 escolar, está compuesta por municipios de la Sierra Mariscal y entonces contabilizamos la población de 3 a 17 años de esos municipios y calculando un 70 por ciento de asistencia a la escuela, lo que veíamos es que 108 mil niñas, niños y adolescentes habrían sido afectados en sus derechos a la educación”, aseguró.
Las infancias y adolescencias afectadas por la violencia provienen principalmente de 14 municipios como Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bellavista, Chicomuselo, La Concordia, El Provenir, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, entre otros.
Agregó que por las condiciones que se están viviendo en la Sierra de Chiapas, existe el riesgo de que las adolescencias sean víctimas del reclutamiento forzado sobre todo para el caso de los hombres, debido a que son considerados como población vulnerable ante la lucha por el territorio que llevan a cabo dos grupos criminales y que además utilizan a las poblaciones como carne de cañón.
“Los están amenazando o las están extorsionando para que accedan a participar en sus eventos y acciones, ahí también estamos viendo un reclutamiento forzado, no es que los hombres, las comunidades quieran participar, sino que a veces se han dado situaciones incluso colectivas como esto del corte agua, el corte de luz a comunidades enteras, para que accedan a ciertas cosas”, explicó.
Derivado de los últimos hechos violentos en las comunidades de los municipios de Chicomuselo, La Concordia y Socoltenango, REDIAS detectó a un total de 19 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las balaceras y bloqueos, además de otros 2 mil 800 de 13 comunidades de Maravilla Tenejapa y 9 mil de Ocosingo, donde el crimen organizado ha provocado enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas federales.
Finalmente, expuso que las autoridades se han negado a reconocer el desplazamiento forzado interno, ya que implicaría asumir las responsabilidades que se establecen dentro de las convenciones internacionales para atender esta población en consecuencia, a pesar de que en teoría existe una comisión de atención a la población desplazada, la cual tendría que activar sus protocolos.
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HCM