Para desarrollar y atender las diferentes investigaciones relacionadas con el delito de despojos e información en lo general para otras actividades, el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León dio a conocer que hasta lo que va de este 2023 han recibido siete mil 944 oficios por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
En su participación en el programa Cambios, conducido por Víctor Martínez, el director del Instituto Registral y Catastral, José María Urrutia, detalló que en el 2021 recibieron un total de cinco mil 974 oficios, mientras que en el 2022 atendieron 14 mil 932 documentos solicitados por la Fiscalía.
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“Nosotros tenemos una colaboración constante con la Fiscalía donde ellos, vía virtual, nos mandan todos los oficios. Nosotros coadyuvamos dándoles la información inmediata vía virtual. Nosotros no tenemos la incidencia delictiva, pero sí vemos que en el 2021 recibimos cinco mil 974 oficios de la Fiscalía, en el 2022 (se recibieron) 14 mil 932 oficios, y este año llevamos siete mil 944 oficios.
“Los cuales todos los cumplimos a la brevedad, dándoles la información, y ahora, también la autoridad nos comunica inmediatamente de cualquier medida de seguridad y congelamos o paralizamos ese ilícito”, detalló. Por su parte, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, recordó que en 2021 la cifra de delitos de despojo se incrementó en 25 por ciento respecto a los años 2018, 2019 y 2020.
En ese sentido, indicó que es posible que haya una “cifra negra” respecto a este delito, pues expuso que hay víctimas que no acuden a realizar la denuncia propiamente ante la Fiscalía y optan por contratar un despacho de abogados por su cuenta, o acudir ante un juez civil, para dar seguimiento al caso, situación que propicia que no se abra una carpeta de investigación ante el Ministerio Público.
“Es posible (que haya cifra negra) sobre todo a partir del hecho de que la ciudadanía puede optar por denunciar un ilícito como un delito, pero también pueden optar por ejercer acciones civiles, prescindir de ir a la Fiscalía para denunciar este hecho y sencillamente (contratar un despacho de abogados), acudir ante un juez civil, para promover las acciones de esa materia, y que por consecuencia no produzcan una carpeta de investigación y se incorporen a la cifra negra”, dijo