En Jalisco debió discutirse con más calma y de forma pública la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), ante una ola de violencia de género e intrafamiliar.
En esta idea coinciden las profesoras del ITESO Ana Sofía Torres Menchaca, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, Carmen Díaz Alba, doctora en ciencias sociales y participante en el Diagnóstico de Ciudades Seguras para las Mujeres que realizó la ONU Mujeres, y Teresa Sánchez Vilches, ex coordinadora del Protocolo Alba de Jalisco de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, y maestrante en Psicoterapia de esta universidad.
Ana Sofía Torres admite que si bien era necesaria una reflexión amplia y pública sobre la labor de la dependencia para mejorarla, los institutos nacional, estatales y municipales de las mujeres son el resultado de una trayectoria histórica y tratados internacionales que ha firmado México sobre los derechos de las mujeres y las instituciones que deben cuidarlos.
En teoría, el IJM recogía una agenda y tenía legitimidad política, al mismo tiempo que autonomía del resto del gobierno, explica Torres. Por ejemplo, tenía más libertad para criticar a la Fiscalía General del Estado, cuya cabeza es el gobernador, cuando ésta no hacía su trabajo.
Estas tareas del instituto podrían haber mejorado, reconoce la académica, pero el fondo de la discusión es la forma en la que desapareció, de espaldas a la sociedad organizada.
“Algunos criticaron que los mismos colectivos de mujeres que critican la extinción del IJM pidieron al gobierno federal que el Instituto Mexicano de las Mujeres se transforme en Secretaría. No es posible comparar a una secretaría federal y una subsecretaría de un estado, en el tema de recursos, capacidad de influencia y jerarquía para tomar decisiones”, añade.
Carmen Díaz está de acuerdo con Ana Sofía Torres sobre la falta de argumentos que envolvió el recorte de la dependencia y sobre la
partidización que se le achaca al tema: “Es un asunto que no tiene qué
ver con partidos políticos”. En opinión de la profesora y activista, habría sido ideal hacer un alto, un balance y ajustes a la institución
que ya existía para fortalecer sus tareas.
Igual que Carmen Díaz, Teresa Sánchez considera que la inexistencia del IJM es un hecho simbólico que afecta un camino andado. “Lo que no se nombra no existe. Al estar presentes, tanto el IJM como
el protocolo, los gobernantes y la sociedad están reconociendo que existe una necesidad y debe atenderse”.
Desde su experiencia de trabajo con casos de violencia que afectan
a las mujeres hasta el grado de desaparecerlas o asesinarlas, es urgente que las políticas públicas tomen en cuenta las necesidades e influyan de manera real en las instituciones.
SRN