La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, informó que se elevó a siete el número de instancias investigadas por la Comisión tras el feminicidio de Rosaura O.H., presuntamente a manos su ex pareja sentimental, Marco Antonio M.G., un ex policía municipal de Mineral de la Reforma, quien no sólo la privó de la vida a ella sino también a su mamá y a un hermano.
Caso Azoyatla
Rosaura O.H. fue privada de la vida el 5 de febrero en la comunidad de Azoyatla, Mineral de la Reforma, tras ello el 12 de febrero la presidenta de la Comisión dio a conocer que se llevaba a cabo una investigación de cinco instituciones que intervinieron tras el multihomicidio.
Sin embargo, cinco días más tarde Parra Bonilla mencionó que son siete ya las instituciones que están bajo investigación de la Comisión de Derechos Humanos tras los hechos, “está fuerte y estamos investigando, tres instituciones ya respondieron, pero son siete en este momento”.
La mañana del 5 de febrero Marco Antonio M.G., ex policía municipal de Mineral de la Reforma, privó de la vida a su ex pareja Rosaura O.H., a su madre y a un hermano con un arma blanca e hirió al padre y a otro hermano.
Antecedentes
De acuerdo con el ayuntamiento de Mineral de la Reforma el 13 de octubre de 2024 el ex policía municipal fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos violencia familiar y privación ilegal de la libertad en contra de su ex pareja sentimental.
Tras atacar a su ex pareja y a su familia, Marco Antonio M.G. escapó, sin embargo, fue detenido sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún en donde intentó quitarse la vida y trasladado a un hospital, fue dado de alta el 6 de febrero.
Posteriormente la noche del 7 de febrero personal ministerial adscrito a la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas de la Procuraduría consiguió la vinculación a proceso de Marco Antonio M.G., investigado por hechos que la ley sanciona como feminicidio, homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa.
El juez de control estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de cuatro meses, además fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa del imputado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.
La ley respalda la investigación
La Ley de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo establece que la Comisión tiene entre sus atribuciones conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos o actos discriminatorios por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o de las autoridades de carácter Estatal y Municipal.
Así como cuando algún particular cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad estatal o municipal o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.
Concluida la investigación, si así lo amerita el caso, la Comisión puede emitir una propuesta de solución, si ésta es rechazada, la Visitaduría General formulará un proyecto de recomendación.
En la recomendación analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o las o los servidores públicos han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, irracionales, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por las personas interesadas.