Dos años antes del divorcio, Jenny, madre soltera con seis hijos, dejó de recibir dinero de su ex pareja para la manutención de sus hijos. Aunque desde hace mucho tiempo ya la había limitado en ciertos gastos. En los tres años más recientes, alrededor de mil 336 madres de familia en Jalisco han pasado por situaciones similares, o casi similares, a la hora de tramitar una pensión alimenticia. Han sido pocas las que han llegando a tener un acuerdo justo.
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Durante años, la ex pareja de Jenny se negó a otorgarle el divorcio. No quería aportar ni un solo peso de pensión: “Y que si yo lo obligaba él trataría de salirse del trabajo y perderse para así nunca poderlo encontrar”, contó la mujer.
Con todo ese periodo recibió todo tipo de agresiones: físicas, verbales y económicas. El miedo a constantes amenazas de muerte la orillaban a no exigir nada, pero después de dos años, y una denuncia penal sobre la mesa, llegaron a un acuerdo, un trato que no incluía una manutención para sus hijos, sólo la promesa de palabra de dejarla tranquila.
“La segunda condición fue de que no me iba a dar ni un peso, en ese entonces todos tenían derecho a la pensión y dijo ‘si quieres te doy (el divorcio), pero no te doy nada de pensión’. La verdad ya estaba harta y cansada, así que yo decidí: ‘Está bien, no me des nada, ya estoy yo trabajando’, y con lo poco que ganaba empecé a administrarme, de tal manera que poco a poco empecé a salir de las deudas y a solventar los gastos. Claro, limitándome con muchas cosas”, declaró con la voz entrecortada.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Social de Jalisco, de las mil 336 madres de familia que han presentado denuncia por pensión alimenticia en los últimos tres años, solo 354 han terminado con sentencia, es decir, sólo el 26.4 por ciento de ellas reciben este derecho conforme a ley. En la actualidad 403 de estos procesos se encuentran en trámite, el resto concluyeron con un acuerdo de palabra que no les garantizar recibir manutención, esto sin contar los casos que se han realizado de forma externa o que ni siquiera se han presentado.
“Todas las demandas que se inician se han cubierto los requisitos de ley. En las mismas se ha decretado por lo menos alimentos provisionales. En todos los procedimientos de inicio se tienen que cubrir una serie de requisitos como tener claro las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor; si se justifica a plenitud estas circunstancias ante la autoridad judicial, el juez tiene la obligación en el primer auto fijar pensión alimenticia, ya sea en porcentaje o en salarios mínimos ya sea dependiendo de a qué se dedica el deudor al menos”, informó la jefa del área familiar de la subprocuraduría de servicios jurídicos asistenciales de la Procuraduría Social del estado.
Al cabo del tiempo, los hijos de Jenny comenzaron a recibir una pensión alimenticia de su ex pareja: “Conociéndolo, creo que de alguna manera, que si en un futuro les reclamaban algo les iba a poder decir ‘pues yo te mandaba dinero, así no en mucha cantidad, pero sí te mandaba dinero”. Sin embargo, solo eran 150 pesos los que le entregan a cada uno de sus hijos de forma quincenal, aunque ha habido ocasiones en que se ha tardado en enviar los recursos.
La llegada de la emergencia sanitaria al país agudizó el problema, ya que en el año que empezaron a aumentar los contagios por covid-19, se presentaron hasta 674 denuncias por pensión alimenticia, de las cuales solo el 8.4 por ciento concluyeron con una sentencia. Es decir, solo 57 madres de familia han tenido acceso a este derecho; mientras que al año siguiente, en 2021, se presentaron 143 denuncias y solo 42 de las jefas de familia recibieron, por lo menos, alimentos provisionales.
Esta situación no pasó desapercibida en la familia de Jenny, pues durante ese periodo se incrementaron los gastos, además de que tuvo que salir de la casa donde vivía porque estaba a nombre de su ex pareja: “(Fue) igual de difícil, porque cuando empecé a trabajar nada más tenía un solo trabajo; me tuve que cambiar de casa porque la casa en la que vivíamos estaba a nombre de él y a él lo cambiaron a otra ciudad, entonces me dijo ‘yo me voy a otro estado y tú te vas a quedar, así que ve buscando otra casa donde vas a vivir porque yo entrego y me voy’, entonces me fue muy difícil porque era muchísimo el gasto; apenas tenía para pagar la renta de esta casa, junto con todos los servicios y aparte tener poco tiempo para juntar lo de la renta de otra casa más el depósito. Sí la tenía muy pesada, el primer año me atrasé mucho con la renta, pero gracias a dios el dueño de la casa supo de mi situación y me daba tiempo para pagar entonces el primer año”, narró.
Los altos gastos la obligaron a tener más de un trabajo. Sus ingresos a la semana, ya con 3 trabajos, llegaban a los 4 mil pesos a la quincena; sin embargo, comenzó a contar con el apoyo de cuatro de sus hijos para solventar los gastos de sus escuelas, lo que fue una ayuda importante.
Las descalificaciones de su ex pareja no dejaron de estar presentes. La separación entre ambos no detuvo las agresiones verbales, pero esta vez había tomado un tono que rozaba el acoso: “Después de eso los problemas se juntaron un poco más porque sus agresiones se volvieron, como que cambiaron de rumbo, ya no eran para insultarme sino para bajarme el autoestima a mí y a mis hijos al grado de decirme que, no me lo dijo a mí, se lo dijo a mis hijos ‘los quería mucho pero que estaba seguro de que al menos uno no era de él’; cuando todos tienen la misma cara”. Otro temor al que se ha tenido que enfrentar Jenny y su familia es a las influencias a las que su ex pareja tiene en el sector público por el cargo que tiene. Él es militar y aseguró que hubo una otra ocasión que confabuló con varios personajes cercanos al poder.
Para la coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), María Guadalupe Ramos Ponce, se debe de presionar a estas instancias para que se dé una manutención justa, ya que se trata de una obligación del deudor moroso.
“No es que le pida o que le vaya a rogar, no si no como tal es su obligación; la obligación del trato del cuidado de los hijos es mutua, y los hombres tienen una responsabilidad ahí con eso. Así que la invitación está ahí a que denuncien, así como la invitación a las autoridades a que todos estos tipos de actos jurídicos de juicios se lleven con perspectiva de género atendiendo las situaciones de género o de vulnerabilidad que puedan tener las víctimas y, sobre todo lo más importante, que debe de prevalecer el interés superior del niño o de la niña, ese es un principio básico fundamental que se debe tomar en cuenta”, dijo la experta en derechos humanos. Van siete denuncias por pensión alimenticia en lo que va de este año, de las cuales cuatro ya tienen sentencia. Ahora, se trabaja en la implementación de nuevos mecanismos en la entidad para mermar esta problemática, y más en un país que supera los dos millones de madres solteras.
En México, el monto mínimo para dar una pensión de alimentos es de 15 por ciento de las percepciones del tutor. Esta cifra es por hijo. Sin embargo, un juez puede hacer un cálculo económico dependiendo de cada situación y se basará en los siguientes conceptos: Zona donde habita la pareja demandada. En caso de estar cursando una carrera universitaria, normalmente se mantiene el derecho a la pensión alimenticia hijos hasta cumplir los 18 años, pero pueden seguir recibiéndola hasta cumplir los 21 años o al término de sus estudios profesionales. Además, si los hijos que por sentencia reciben pensión alimenticia aun siendo mayores de edad, viven en el domicilio familiar y carecen de recursos propios para subsistir o padecen de sus facultades mentales, el cónyuge con el que convivan estará legitimado para reclamar la pensión de alimentos que le correspondan.
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SRN