Plantean creación de refugios para las víctimas de violencia en Hidalgo

Organizaciones civiles. Buscan coadyuvar en garantías de derecho de las hidalguenses a recibir atención en espacios para protegerse y transitar a una vida libre de violencia para ella y sus hijos

Propuesta fue turnada a la primera Comisión de Legislación. (Maribel Calderón)
Alejandro Reyes
Pachuca /

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del estado, Julio Manuel Valera Piedras, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Fomento y Fortalecimiento a las Acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil para que entre sus objetivos sociales se incluya la creación y funcionamiento de refugios para mujeres víctimas de violencia así como de sus hijas e hijos.

“Esta iniciativa tiene por objetivo fomentar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que, entre sus actividades, se encuentre la creación y funcionamiento de refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, de esta manera se coadyuvará a garantizar el derecho de las hidalguenses a recibir atención en espacios para protegerse y transitar a una vida libre de violencia”, sostuvo desde el Pleno.

Mencionó que en México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día hay un promedio 10.5 mujeres asesinadas.


Agregó que si bien los refugios no se crearon como una solución a la violencia, sí son una respuesta urgente y necesaria para salvaguardar temporalmente la vida y seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos.

Destacó que el 57.8 por ciento de los refugios que existen en México son operados por las organizaciones no gubernamentales,” es decir, es la sociedad civil organizada uno de los pilares en la atención”.

El legislador comentó que en el estado de Hidalgo solo se cuenta con un refugio para mujeres víctimas de violencia con una capacidad instalada para la atención de 40 personas.

Sin embargo, dijo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en nuestro estado una de cada tres mujeres que sufren violencia no cuentan con familiares o amistades a las que puedan acudir para protegerse.

Otra cifra alarmante, refirió, es la reportada por la Red Nacional de Refugios, que menciona que en los últimos dos años los ingresos de mujeres, niñas y niños a refugios aumentaron en un 56 por ciento.

“Es en los refugios, donde se produce una relación entre iguales, donde no hay cuestionamientos, ni juicios, en ellos se promueve la identificación de sus sentimientos y la reconstrucción de una identidad elegida con libertad e independencia”, aseveró.

Explicó que en los refugios se ofrecen servicios de hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos, capacitación laboral, así como, bolsa de trabajo.

Sin embargo, enfatizó, los altos gastos para la operación de los refugios, es la principal problemática que se presenta para instalarlos y mantenerlos en funcionamiento, ya que, por Ley, los servicios deben ser gratuitos.

“En este sentido, el rol fundamental que tiene el gobierno, es el impulsar la colaboración de los actores sociales en la construcción de lo público, resulta necesario legislar para impulsar las condiciones necesarias para la creación y funcionamiento de refugios, que cumplan con la normatividad en la materia”, concluyó el diputado.

Reforma constitucional

Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, presentaron la Iniciativa que reforma la Constitución Política del estado de Hidalgo.

La finalidad es, de acuerdo con Roberto Rico Ruiz, “constituir al Tribunal de Justicia Administrativa, como un organismo público, autónomo e imparcial en el ejercicio de su función jurisdiccional, sin pertenecer a ninguno de los Poderes del Estado, en el entendido de que todo tribunal requiere de una legitimidad con independencia en sus resoluciones y que lo dote de plena autonomía para la impartición de justicia.

“Ante la necesidad de que dicha institución sea compatible con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y cumpla con la función que le ha sido encomendada, específicamente en la imposición de de sanciones que correspondan a servidores y particulares por actos, hechos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves”, señaló. 


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