La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación dio entrada a dos amparos colectivos tramitados contra el alza tarifaria decretada en noviembre, cuando el costo del pasaje pasó de 12 a 15 pesos sin cumplir con la ley.
En un comunicado, el PRI indicó que estudian los escenarios legales para solicitar que, ante la eventual medida cautelar, también se incluya el nuevo incremento de 15 a 17 pesos mediante un deslizamiento de 10 centavos, aprobado el pasado 3 de enero.
"Se admiten a trámite las demandas de amparo promovidas por Kelly Yasmin Morín Carranza en representación de (cientos de ciudadanos) contra actos del Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Nuevo León y otras autoridades", señalaron.
"Las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de quince días, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con los actos reclamados", se lee en el resolutivo.
Preparan audiencia para el 27 de febrero
De acuerdo con el documento, habrá una audiencia constitucional a las 11:30 horas del 27 de febrero para ver los avances.
En el comunicado del PRI, los diputados estiman que el aumento gradual que inicia esta semana, se basa en la tarifa ilegal de 15 pesos aplicada en noviembre, por lo que es posible que los juzgados federales puedan conceder y ampliar la suspensión.
CEDHNL pide suspender de inmediato aumento a tarifas del transporte público
Luego de recibir una queja de la organización Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros y múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con el incremento de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Monterrey, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una medida cautelar con la cual solicita suspender de manera inmediata el aumento tarifario y garantizar métodos de pago accesibles para toda la población, evitando la exclusión de los sectores más vulnerables.
La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, explicó que las quejas señalan que el aumento tarifario y la implementación de un sistema exclusivo de pago electrónico vulneran los derechos humanos de diversos grupos de la población, especialmente los sectores más vulnerables, como personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes y comunidades indígenas.
“La Comisión ha encontrado que los acuerdos que sustentan estos cambios no contemplaron una evaluación adecuada del impacto social que estas medidas generarían. El aumento en las tarifas y la exclusividad en los métodos de pago no solo carecen de un análisis exhaustivo sobre los ingresos promedio de los usuarios, sino que también desatienden la realidad de quienes, por diversas razones, no tienen acceso o no cuentan con los conocimientos tecnológicos necesarios para hacer uso de las nuevas plataformas”, señaló Méndez Arellano
Transporte público enfrenta deficiencias
Además del impacto económico y tecnológico de las nuevas tarifas, la CEDHNL subrayó que el sistema de transporte público en Monterrey enfrenta deficiencias estructurales.
La baja frecuencia de las unidades, la calidad insuficiente del servicio y la falta de capacitación de los operadores han sido señaladas como problemáticas constantes.
La Comisión advirtió que las modificaciones tarifarias y los cambios en los métodos de pago afectan de manera directa los derechos humanos fundamentales, incluyendo, el derecho a la movilidad, la vida digna, El acceso al mínimo vital, la salud, educación, trabajo, descanso y recreación, los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
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