La vicepresidenta Nacional de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, señaló que el Gobierno de México debe ofrecer certeza jurídica para que las inversiones nacionales y extranjeras se mantengan y no comprometer el desarrollo económico del país.
Tras la expropiación de la concesión de tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur en el tramo de Coatzacoalcos a Minatitlán para acelerar las obras del Corredor Interoceánico; afirmó que hay molestia y preocupación de parte del sector empresarial, que en todo momento ha pugnado por cumplir con la norma y los requerimientos legales. Por ello, la expropiación no debe ser una constante para consolidación de los proyectos federales. "Con este tipo de acciones muchos inversionistas buscarán otras alternativas".
Si bien la expropiación de 113 mil 838 metros cuadrados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan para la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la Línea 1 del Tren Suburbano; mejorará la movilidad en el Valle de México, ahora lo más importante es un pago justo a los involucrados.
"El dictamen de expropiación en la entidad establece 10 días para el pago de indemnizaciones, en ambos casos debe privar el avalúo justo por parte de expertos para que los afectados queden satisfechos y el tema no se vea solo como allanamiento".
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Terrenos serán de utilidad pública
Al respecto, el presidente de la Unión de Industriales del Estado de México, Francisco Cuevas Dobarganes, refirió que el término expropiación genera miedo, sin embargo, en ambos casos los terrenos serán de utilidad publica y agilizarán las obras federales.
En el caso de los municipios mexiquenses si los terrenos no se expropiaban -dijo- se tendría que llevar a cabo un proceso legal, hablar con los dueños para que vendan o en su caso desviar el trazo del Tren Suburbano, lo cual implica más costos, más tiempos y menos seguridad.
"Este tipo de unidades requieren que el trazo sea lo más recto posible, no vemos mal que se den este tipo de situaciones, sobre todo, después de lo que ha pasado con el Tren México-Toluca, donde por algunos tramos, que aún faltan por liberar por la resistencia de algunos propietarios ejidales, se ha retrasado por muchos años y con sobrecostos muy altos".
Lo que si estará mal -añadió- es que no se pague a los implicados un precio justo, por ello es importante que aún cuando existen algunos procedimientos de tipo legal para fijar los precios de compra, los predios deben ser valuados correctamente, es decir, que se les otorgue el valor comercial que realmente tienen.
"Si esto se cumple o se le hace un canje por otro predio similar, estaría bien. La idea es que no exista algún abuso del gobierno y haya un trato justo", finalizó
AGB