A través de un primer análisis de las condiciones que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en Guanajuato, que se llevó a cabo en el municipio de León, se pudo evidenciar que hasta el 70 por ciento de sus miembros habían sido llevados a terapias de conversión, por lo que se ha buscado que estas sean prohibidas en la entidad.
Dentro de las necesidades que presenta la comunidad LGBTQ+ de la entidad, si bien continúa figurando el reconocimiento del matrimonio igualitario, en palabras de Isaac Banda, presidente de LGBT Rights Guanajuato, existen otras más urgentes; por ejemplo, el poner un alto a las terapias de conversión, de las cuales muchos miembros de la diversidad son víctimas.
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En este punto, recordemos que las terapias de conversión son descritas por las Naciones Unidas como aquellas intervenciones realizadas con la firme creencia de que la diversidad sexual o de género es producto de una educación o experiencia anormal, que es una disfunción biológica inherente, o de que hay algo inherentemente malo en diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
Así mismo, la instancia describe que "la naturaleza degradante de muchas prácticas de terapia de conversión, incluido el abuso físico, la terapia de electrochoque, los procedimientos pseudo-médicos y el uso de epítetos y difamaciones anti-LGBTQ+, contribuyen a un ambiente deshumanizante general hacia los miembros de la comunidad".
“Por ejemplo, el matrimonio igualitario es una necesidad que ya quedó muy atrás, o sea, ya tenemos más necesidades. Por mencionar algunas, la prohibición de las terapias de conversión en el estado de Guanajuato. Nosotros, como LGBTQ Right Guanajuato, en la marcha del año pasado hicimos el primer análisis de la comunidad en la entidad y justamente una de las preguntas era ecosix, si te han llevado a alguna terapia de conversión y qué te hicieron, si fuiste por tu voluntad, quién te llevó y a dónde”.
Dentro de los resultados observables luego de dicha encuesta, destaca que casi el 70 por ciento habían sido tratados en terapias de conversión, ya sea en centros religiosos o de rehabilitación, mediante técnicas peligrosas y deshumanizantes.
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Sumado a este tema que se considera urgente, Isaac Banda menciona como tema necesario el de identidad de género, que permita el cambio de documentos oficiales a las personas LGBTQ+, considerando que actualmente se deben pagar amparos cuyos costos alcanzan los 30 mil pesos.
Por otro lado, considerando que gran parte de los miembros de la comunidad son jóvenes o adolescentes, también se requiere atender los casos de bullying escolar que, vale decir, han sido analizados por parte de la propia SEG.
“Justamente de esta encuesta, el 90 por ciento de la población entran entre el rango de 15 a 22 años, entonces son personas que todavía están en instituciones, secundaria o preparatoria, y que sufren bullying en la escuela; sufren acoso, hostigamiento o violencia”.
En este punto, vale mencionar que, en los últimos años, únicamente una iniciativa a favor de la diversidad ha sido aprobada en el Congreso, por lo que es necesario que cada vez más miembros se involucren, y que exista más apertura por parte de los legisladores; especialmente tomando en cuenta el difícil contexto que atraviesa la población LGBTQ+.