En los últimos dos años, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado diversas iniciativas y reformas en combate a la violencia contra las mujeres, de las cuales, algunas continúan siendo exclusivas de la capital del país, mientras que otras escalaron a nivel nacional.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, te ofrecemos un recuento de las acciones a favor de las mujeres que se han realizado desde el 2019 en la Ciudad de México.
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¿Cuáles son los avances a favor de las mujeres en CdMx?
Abogadas mujeres en Fiscalía General de CdMx
En marzo del 2019, el gobierno de la Ciudad de México inició un programa para desplegar a 156 abogadas, en las 78 agencias del Ministerio Público de la capital del país, quienes están encargadas de asesorar y orientar jurídicamente a mujeres víctimas de violencia de género.
Las abogadas deben evaluar el nivel de violencia e identificar situaciones de alto riesgo y violencia feminicida.
Las alternativas de protección también están destinadas a niñas y adolescentes, además de integrar servicios asistenciales a todos los miembros de la familia.
Ley Olimpia
La Ley Olimpia fue aprobada en 2019 y se originó a partir de una iniciativa impulsada por Olimpia Corale Melo, quien fue víctima de la divulgación de un video sexual y de acoso a través de redes sociales.
Con la aprobación de la ley, se aplicaron reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que permiten sancionar la violencia digital, como videograbar, audiograbar, fotografiar, distribuir, publicar, exponer o compartir contenido sexual la divulgación de imágenes de contenido sexual, sin consentimiento de las personas involucradas.
Asimismo, se reconoció como delito el grooming, es decir, el contactar a través de medios digitales a una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho y le pida o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual.
Ambos delitos se sancionan con una pena de cuatro a seis años de prisión y una multa de entre 42 mil 245 y 84 mil 490 pesos; sin embargo, podrán agravarse en una mitad si la víctima es familiar del acusado o había una relación sentimental o de confianza, educativa o laboral.
Banco de ADN
En diciembre del 2019, el Congreso local también aprobó crear el Banco de Perfiles Genéticos de la Ciudad de México para Uso Forense del ADN, el cual tiene como objetivo registrar e identificar a los agresores de delitos como secuestro, violación, estupro y feminicidio.
El banco de ADN se creó a partir de una propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien inicialmente estableció que las bases de datos comenzarían con el registro de servidores públicos e integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, de seguridad privada, así como ella misma.
No obstante, a pesar de su aprobación, los diputados capitalinos se opusieron a ser integrados al registro de ADN.
Actualmente, el banco lleva un avance del 70 por ciento y se han invertido en el proceso de construcción 90 millones de pesos. D e acuerdo con el dictamen del Congreso, debe concluirse antes del 31 de diciembre del 2022.
Registro de Agresores Sexuales Sentenciados
En marzo del 2020, se aprobó la creación de un Registro de Personas Agresoras Sexuales, con el propósito de recopilar la información de personas sentenciadas por delitos de carácter sexual,
Es decir, las personas con sentencia ejecutoria o que ya agotaron sus recursos para defenderse por delitos de feminicidio, turismo sexual, trata de personas y conductas contra menores de 12 años, quedarán registrados por un periodo de 10 a 30 años.
El registro estará a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la cual dará apoyo técnico para implementar la infraestructura tecnológica, seguridad informativa e interoperabilidad.
Agresor dejará domicilio en caso de violencia doméstica
Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso capitalino en noviembre del 2020, a partir de una propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La medida tiene el objetivo de proteger y salvaguardar el patrimonio de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar, obligando a que el agresor deje de inmediato el domicilio donde habita con su familia.
Esto, sin perjudicar o disminuir las obligaciones legales existentes en relación a la propiedad o posesión del inmueble común.
Ley Ingrid
Una de las últimas acciones a favor de las mujeres aprobadas, es la Ley Ingrid, la cual fue avalada por el Congreso de la Ciudad de México el 23 de febrero de este año, con el objetivo de sancionar penalmente a servidores públicos que difundan información, documentos o imágenes del lugar de los hechos o de un hallazgo relacionado a algún delito.
Esto, derivado del caso de Ingrid Escamilla, de 25 años, quien fue asesinada y desollada por su esposo en su domicilio, cuyas imágenes fueron filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.
Las sanciones van de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en la difusión de información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.
Para proteger los derechos de víctimas, en especial de las mujeres, la ley permitirá que las personas servidoras públicas no filtren imágenes o videos de manera ilegal e incluso se comercialicen.
FLC