Hace 10 años la vida de Julia Alonso Carbajal cambió para siempre. Una tarde de enero de aquel 2008 fue la última en la que pudo ver y abrazar a su hijo Julio Alberto, quien partió de su natal Acapulco para ir de vacaciones a Presa La Boca, en el municipio de Santiago, Nuevo León.
El 12 de enero saldría de Guerrero en compañía de dos amigos para no ser visto más.
Desde ese entonces Julia se ha dedicado a buscarlo, al grado de dedicar todo su tiempo a ello.
Hoy encabeza junto a otras personas Ciencia Forense Ciudadana, una asociación de víctimas que se juntaron desde hace cuatro años ante la falta de respuesta de las autoridades en la búsqueda de desaparecidos.
“Yo como madre que vivo desde hace 10 años la ausencia de mi hijo Julio Alberto López Alonso, primero que tuvo la desgracia de ir de vacaciones a Nuevo León, de haber nacido en un país como México en el que la indolencia de los ciudadanos es brutal. Tenemos los representantes que merecemos”.
Julia se trata de mantener fuerte pero el hablar del tema la hace balbucear. “Cuando me entrevisté con el representante de la ONU en México decían que cuando desaparece un grupo de 10 o 20 personas en cualquier país los ciudadanos se escandalizarían y nosotros tenemos cifras alarmantes, no tenemos ni la cuenta porque el gobierno lo ha hecho ni tampoco los ciudadanos nos hemos tomado esto como algo que es de nuestro país y que tendríamos que estar indignados”.
Señala que no porque no sea el caso de Julio Alberto, el hijo de una persona conocida o los que sean desaparecidos, se tienen que separar o dar prioridad a unos y luego a otros.
“Me avergüenzo de lo que pasa en este país. Hace años cuando empezó mi lucha no sabía ni por dónde empezar, después nos fuimos juntando varias familias y se hizo este proyecto. El punto es que leyes van, leyes vienen y no pasa nada…”.
Julia recuerda cómo surgió lo que se conoce como CFC, principalmente en Guerrero, estado donde más ha trabajado.
“La formamos un grupo de familias en 2014. La asociación nació de un grupo de familias que llevan muchos años buscando a sus hijos desaparecidos, todos tienen un familiar desaparecido, al ver que pasaba el tiempo y no había ninguna respuesta, pasó lo de Ayotzinapa y nos damos cuenta que verdaderamente el gobierno mexicano nunca ha hecho el trabajo que debería haber hecho”.
Afirma que se decidió hacer un banco de datos con ADN ya que en México no existe. “Nos regalaron mil 500 muestras y pruebas la Universidad de Durham en Inglaterra y así nace ése proyecto de ciencia forense. Muchas de las familias tomaron otros caminos, hicieron sus asociaciones, otras ya encontraron y yo me quedé con la consigna de seguir levantando la voz y de integrar a más familias de desaparecidos”.
Aclara que la suya “es una asociación si en la que alguna persona necesita una tercera opinión de los resultados que le dé el gobierno, de los restos de su familiar y que no esté contento con los resultados, o no tenga la certeza, nosotros les donamos las muestras”.
“Lo que se ve en México es que ya tenemos muchas leyes, aquí el problema es que no se acatan. Tenemos la Ley de Víctimas que fue cabildeada por muchas familias que en ese momento formábamos parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, después salió la Comisión de Víctimas pero al final del día no se ejecutó para lo que fue hecha”, dice con la voz más fuerte y entrecortada.
El narrar su experiencia le sirvió para expresar su molestia. “El gobierno saliente nunca le interesó y a nosotros nos ven como una mercancía.
A Andrés Manuel López Obrador le piden la creación de un Instituto Forense a nivel federal donde se almacene toda la información y le ordenan: “que verdaderamente todo lo que se capte de recursos vaya directo al Instituto Forense para que no digan que no hay suficientes recursos”.
“No es posible hablar honestamente de recuperar o reconstruir el Estado de Derecho porque al menos en el siglo XX y lo que va del XXI hemos vivido en una simulación del mismo. Si es cierto que el próximo gobierno está dispuesto a trabajar y apoyar, es necesario que acate en todos sus términos las recomendaciones y resoluciones ya emitidas respecto a México en materia de Derechos Humanos”.