El riesgo de que el derrumbe de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México quede en la impunidad es alto, debido al contexto político actual y el mal diseño de las instituciones dedicadas a la rendición de cuentas, advirtió Grisel Salazar, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En entrevista con MILENIO, la especialista dijo que actualmente las instancias son similares a las que había hace siete años, además de que el gobierno federal y el de la Ciudad de México son del mismo partido, lo que no haría un contrapeso político.
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“Si hace siete años no logró haber procesos claros y efectivos, donde las consecuencias fueran realmente orientadas a sancionar responsables, ¿Qué nos haría pensar que siete años después las cosas sí van a funcionar, si tenemos prácticamente las mismas instancias y empeorado un poco, ahora con el hecho de que tanto el gobierno federal como local son del mismo partido político, lo cual anula ciertos contrapesos políticos en el sentido de que no hay incentivos para controlarse mutuamente?; entonces, creo que hay un gran escepticismo de que ahora vaya a suceder algo distinto”, dijo.
La profesora es autora del artículo académico, La ausencia de rendición de cuentas en el conflicto de la Línea 12, que forma parte del texto Eventos complejos y desastres político-administrativos: La experiencia de la Línea 12 del Metro, una serie de ensayos publicada por el CIDE respecto del cierre de la Línea 12 del Metro en 2014 a causa de las fallas en el diseño de las vías.
En su artículo, la especialista advirtió que, en ese entonces, la multiplicidad de instituciones que intervinieron -al menos cuatro federales y tres locales- para supuestamente investigar y castigar a los responsables de la mala construcción de la línea derivó en un proceso de rendición de cuentas fallido.
“El problema es la falta de articulación entre estas instancias que, hasta el momento, están funcionando como engranajes independientes, cuyos dientes son incompatibles los unos con los otros. La maquinaria de la rendición de cuentas marcha atrofiada y torpemente”, dice su análisis.
Al paso de los años, la mayoría de las inhabilitaciones y multas impuestas han ido desvaneciéndose ante la acción de amparos y procedimientos judiciales que anulan las sanciones originalmente impuestas.
“El diseño institucional estaba totalmente -estaba y sigue estando- orientado hacia un funcionamiento descoordinado de todas estas instancias”, aseguró.
Multa de 3 mil millones queda en 7 millones
El 6 de mayo, MILENIO dio a conocer que hoy en día algunas de las sanciones que fueron aplicadas a ex servidores públicos del Proyecto Metro son diferentes de las que originalmente se habían impuesto, en 2014.
Por ejemplo, Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro, acumula dos destituciones, una multa por 7.8 millones de pesos y cuatro inhabilitaciones, dos de 15 años, una de 10 años y otra de 5 años, pero que originalmente, en 2014, se habían ordenado inhabilitaciones por 20, 15, 10 y un año, así como multas por 3 mil 687 millones de pesos, 613 millones y 297.8 millones.
Ante casos como ese y a la luz de lo ocurrido el pasado lunes 3 de mayo, la especialista afirma que “una de las peores consecuencias (de la impunidad en el caso pasado) es la absoluta desconfianza que tenemos los ciudadanos en que vaya a haber esta vez una rendición de cuentas”.
Salazar asegura que, pese a la gravedad de los sucesos actuales, que han dejado 26 personas muertas, será difícil ver una sanción efectiva, pero sobre todo una acción que realmente deje satisfecha a la sociedad que reclama castigo a los responsables.
“Yo creo que es muy difícil dejar a la sociedad satisfecha cuando estamos viendo que desde el inicio de la Línea 12 los problemas se fueron acumulando: fue una línea que abrió de manera prematura, con fallas evidentes desde su inauguración, incluso desde su diseño, todas estas fallas de que tendría que haber habido rodadura neumática en vez de férrea, un trazo subterráneo, que era la recomendación, en vez de haberlo hecho por afuera, creo que es muy difícil de hablar de algo que pueda dejarnos satisfechos frente al desastre que pasó la semana pasada.
“Es muy difícil lograr una real indemnización y un verdadero resarcimiento de lo que sucedió, sobre todo para la gente que perdió un familiar o que está sufriendo la desgracia de tener a alguien herido o en el hospital”, consideró.
Ante ello, sostiene que lo único que podría hacerse diferente ahora es que verdaderamente se transparente la información sobre gasto, mantenimiento y acciones emprendidas para sancionar y corregir lo que ocurrió en 2014.
FLC