En la pasada administración estatal, encabezada por Jaime Rodríguez, los centros penitenciarios de Nuevo León eran cogobernados por el crimen organizado, aseguró Francisco Jiménez, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria.
En entrevista para la plataforma MILENIO-Multimedios, el funcionario reveló que la encomienda fue encaminar los esfuerzos a transformar el sistema y convertirlo en un referente nacional.
“(Durante el sexenio anterior) en el sistema penitenciario prácticamente estaba en un cogobierno, donde gran influencia sobre el control de la prisión (la) ejercía la criminalidad o los grupos de crimen organizado (…). Empezamos a aplicar reglas que luego luego (sic.) tuvieron una reacción de aquellos que no querían que se implantara un régimen de vida dentro de las prisiones conforme a la ley, y tuvimos aquel incidente que se conoció, que es el del 7 y 8 de enero de 2022”, indicó.
El incidente referido fue una riña entre personas privadas de la libertad que dejó un saldo de más de 50 heridos y puso al descubierto el cobro de cuotas, además de la presencia de drogas y teléfonos al interior del entonces penal de Apodaca, hoy Cereso Norte 1.
Francisco Jiménez reconoció que los reclusos estaban bajo un sistema de extorsiones.
“En este primer año se iniciaron acciones donde lo primero era retomar la gobernabilidad en las prisiones, donde quien mande dentro de la cárcel sea ‘Don Gobierno’; implementamos una depuración policiaca, un saneamiento de nuestro propio personal penitenciario, el establecimiento de protocolos de seguridad, (nos propusimos) atender las demandas ciudadanas de los propios privados de la libertad y sus familiares, (y buscamos) implantar medidas de seguridad que garantizaran que no se introdujera dentro de los penales ni droga ni teléfonos celulares”, explicó.
Si bien el comisario reconoció que el cierre del penal del Topo Chico fue un acierto, las actuales autoridades recibieron muchos pendientes del Gobierno anterior.
El funcionario explicó que de la mano con organismos ciudadanos retomaron los programas de reinserción social e iniciaron un plan de infraestructura penitenciaria, que en estos momentos construye de manera simultánea una clínica de rehabilitación contra las drogas, un área de cocina y un hospital psiquiátrico en el antiguo penal de Apodaca.
“Tenemos que tener en todos los centros penitenciarios los espacios físicos que permitan garantizar al privado de la libertad lo que mandatan los tratados internacionales y la Ley de Nacional de Ejecución Penal que es estancia digna y reinserción social digna”, refirió.
Por otra parte apuntó que todos los penales serán certificados de la mano con la Asociación de Correccionales de América entre 2023 y 2024.
“En el estado de Nuevo León quien manda es Gobierno, en el estado de Nuevo León la autoridad tiene el control total de las prisiones”, concluyó.
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