Detenciones arbitrarias, despojos, desalojos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son la etiqueta con letras chiquitas que viene detrás del producto sexenal: el Tren Maya, así como de otros megaproyectos y negociaciones políticas que han mantenido a Chiapas en la sombra del olvido a pesar de sus históricas luchas, situación que no ha cambiado a pesar del nuevo partido al mando del gobierno federal, sino que sigue la misma línea.
La cultura del destierro conforma la política pública a la que los gobiernos gustan llamar desarrollo económico, mientras que fuera del discurso la población es torturada con el fin de perpetuar los intereses económicos de un sector que por décadas se ha enriquecido gracias a un marco legal que vela por la desigualdad social.
Mantener la calma, eso es lo primero que piensa María del Carmen, una de los siete hijos de Asunción y Venturino, cuando se entera que sus padres han sido detenidos camino al trabajo. ¿Qué hacer?, ¿a quién acudir?, ¿cómo sacarlos de ahí? Es lo que tiene que preguntarse una joven de apenas 19 años, quien de pronto también debe ver por tres de sus hermanos menores. El Estado no piensa en ellos, las víctimas indirectas. La política de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, ha sido criticada ya por compañeros de su propio partido, pero la situación sigue igual, los presos políticos aún no tiene fecha de salida.
“Es una situación bastante compleja porque el tener la ausencia de los padres implica que tenemos que resolver diferentes necesidades que ellos resolvían, y en este caso, en el caso de mis papás, tienen hijos menores de edad: uno de diez, uno de 12 y otra de 14, todos estaban estudiando (…) los dos más pequeños tuvieron que venir a la Ciudad de México por lo mismo de las condiciones de que no hay quién los cuide”, cuenta María del Carmen, quien se desenvuelve con la soltura de una mujer más grande, aunque apenas haya rebasado la mayoría de edad.
Asunción Gómez y Venturino Torres llevan detenidos desde el 21 de octubre, se les acusa de despojo agravado con violencia aunque a decir de su hija, durante el proceso se ha comprobado que la propiedad en pugna les pertenece, sin embargo no ha sido evidencia suficiente para liberarlos, el juez de control los vinculó a proceso.
“Tuve que dejar mi vida cotidiana, modificarla de cierto modo para salir del pueblo y venir a Ciudad de México a exigir la libertad y así poder difundir el hecho y que no solo se quede de manera local (…) ahora hay que estar de una actividad a otra para poder dar a conocer el caso de mis papás, así como el de los otros compañeros presos y puede ser bastante agotador, pero lo que te mantiene es una lucha que has comprendido y que sientes que de cualquier modo te va a beneficiar”.
Blanca y María
Blanca intenta no hablar mucho, ella tiene a su padre, Armando Hernández Sánchez, encarcelado desde el 28 de septiembre del 2019. Aunque ella es la mayor de sus hermanos, aún no llega a los 18 años. “Es triste porque no está en nuestra casa (…) ya no estoy estudiando, nada más terminé la primaria, y la que sí estaba estudiando era mi hermanita que tiene trece años, ella estaba estudiando en la telesecundaria, pero dejó de estudiar porque no había recursos para que fuera a la escuela”.
Ella ha sido la encargada de salir a difundir el caso de su padre y otros presos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización a la que pertenecen también Asunción, Venturino y Armando, este último acusado de daño a las vías de comunicación, quien antes de ser presentado a las autoridades estuvo en calidad de desaparecido durante cerca de 27 horas.
La carpeta de investigación –dicen– está plagada de inconsistencias también y denota un modus operandi del Estado para frenar las luchas sociales. “Para nosotros es muy importante que a través de este medio el pueblo se entere de lo que está pasando en los diferentes estados, más que nada lo que está pasando en Chiapas con esta detención de compañeros que defienden las tierras, de compañeros que luchan por una mejor condición de vida, porque son muy pocos los que quieren sacar estos testimonios”, agrega María Cruz, la mayor de las tres mujeres mientras sostiene la foto de Javier González Díaz, otro de los presos políticos, con el que suman cuatro en una circunstancia similar que han dejado sin tutela a sus hijos tras las detenciones arbitrarias; han llegado a Pachuca con la ayuda del Comité Cerezo para dar a conocer a nivel nacional la situación.
“Luchar por el socialismo en México es para el Estado una piedra (…) a la gente le digo que brinden la solidaridad para todos aquellos que tengan en la cárcel a sus seres queridos porque es una forma, como hermanos de clase, que debemos abrazar esas diferentes demandas del pueblo porque esta lucha no es personal ni de uno solo, esta lucha es para el pueblo, para mejorar las condiciones de vida”.
“No callar por miedo, porque el miedo lo que hace es someternos más que nada. Sí nos daña psicológicamente porque hemos convivido con nuestros compañeros, pero a la vez nos fortalece porque sabemos que ellos están adentro luchando a pesar de la tortura que les han dado, siguen en pie de lucha”, suspira María Cruz, quien ya radica en Ciudad de México con el ímpetu luchar por sus compañeros, quienes cada día se suman a un listado de personas que desplazadas por razones políticas.
La rutina de las tres mujeres ha cambiado: ahora visitan centros penitenciarios, asisten a audiencias, estrechan las manos de sus familiares en prisión y hasta han cambiado de ciudad para velar por su propia seguridad, éste es el resultado del desplazamiento forzado en Chiapas, que si bien no es una dinámica nueva, tampoco ha cambiado con Morena al poder del ejecutivo estatal y federal.