Aunque en Tamaulipas está prohibido que una persona menor de edad se case, el año pasado hubo tres matrimonios donde al menos uno de los contrayentes no había cumplido 18 años.
En todo el país hubo 33 uniones civiles con estas características, de las cuales Durango y Chihuahua tuvieron diez (30.3%) cada uno, Michoacán cinco (15.1%), Tamaulipas tres (9.1%), Jalisco dos (6.1%), Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora uno.
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Así lo señaló este miércoles el Inegi, en su estadística sobre matrimonios correspondiente al 2022, basada en información de las oficialías del Registro Civil.
Los 33 casamientos registrados el año pasado, es la segunda menor cifra observada entre 2013 y 2022, solo superior a los 26 matrimonios de 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia de covid-19.
Las uniones civiles entre personas menores de 18 años de edad quedaron prohibidas en el estado de Tamaulipas, luego de que el Congreso Local aprobó reformas, adiciones y derogó diversos artículos del Código Civil en la entidad.
Actualmente, de acuerdo con el artículo 220 de ese ordenamiento legal, el matrimonio será nulo si una o ambas personas contrayentes son menores de edad.
Fue en mayo de 2016 cuando se llevó a cabo la modificación a la ley, aprobada por unanimidad, luego de que anteriormente se permitía casarse a los dieciséis años.
En la exposición de motivos se hizo ver que el matrimonio a esa edad perpetúa la violencia y la discriminación, violenta los derechos humanos así como los principios de libertad y autonomía de los contrayentes, pues carecen de la capacidad y madurez necesaria para dar el consentimiento pleno y libre y tomar una decisión fundamental en su vida.
Para Unicef, el matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia, y pone su vida y su salud en peligro. Las menores que se casan antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela.
Sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan, lo que a la larga se transmite a sus propios hijos y socava aún más la capacidad de un país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad.
SJHN