La Iniciativa Spotlight que puso en marcha la Unión Europea y las Naciones Unidas en cinco municipios de tres estados del país, a partir de mayo de 2019, reconoció que México ha avanzado en materia legal, pero no ha logrado detener ni reducir los feminicidios que tantas víctimas han causado.
Durante una reunión con la comisión especial que da seguimiento a los feminicidios, la de Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad de Género, en el Congreso mexiquense, los representantes de ONU Mujeres presentaron un diagnóstico de la legislación, donde reconocieron aciertos, pero también señalaron carencias y fallas.
Nayeli Sánchez, coordinadora nacional de Spotlight, resaltó que si eligieron México es por su alta tasa de feminicidios y de ahí a los estados de Chihuahua, Guerrero y el Estado de México. De este último se centraron en Naucalpan y Ecatepec.
Subrayó que esta iniciativa a nivel global opera en todos los continentes, en cada uno con un enfoque distinto, por ejemplo en África ven la violencia genital contra las niñas, en Latinoamérica el feminicidio y en otros la trata de personas, con el fin de encontrar soluciones regionales.
David Peña, del área jurídica, presentó los resultado del diagnóstico en México y en especial en la entidad mexiquense y en las tres entidades identificaron contradicciones normativas, lagunas legislativas, falta de atención y de cumplimiento; encontraron disposiciones y medidas discriminatorias, fallas estructurales y brechas en las capacidades en acceso a la justicia, igualdad y no discriminación y acceso a la información pública.
Edomex y sus leyes
En el Estado de México, de manera específica, descubrieron que la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades no contiene un capítulo específico sobre eliminación de estereotipos, no hay información sobre participación social, no establece medidas especiales que deben tomarse en cuenta para mujeres embarazadas, discapacitadas, migrantes, indígenas, privadas de su libertad o adultas mayores.
Además, falta incluir disposiciones específicas para la conciliación de la vida personal y laboral; son necesarias disposiciones sobre violencia contra las mujeres contenidas en la Ley General; existe duplicidad de atribuciones en cuanto a la observancia de la misma.
En lo que se refiere a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, en el diseño no se incluyó la perspectiva de derechos humanos; no se contempla el derecho adecuado al desarrollo evolutivo de la personalidad.
Mientras que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se considera la muerte en la definición de violencia de género, no está la violencia mediática, tampoco el derecho a no ser sometido a tortura y la violencia institucional se señala de manera genérica, sin considerar a las personas menores de 12 años en órdenes de protección.
En la de Víctimas no define las directas, indirectas y potenciales; no incluye los principios rectores de interés superior de la infancia, no reconoce a las y los huérfanos por feminicidio, por lo que se puede concluir que se ha avanzado en el tema legal, pero falta más.
Asimismo, dieron a conocer que revisaron todas las iniciativas de ley en las tres entidades, así como en el Congreso de la Unión, para ver los puntos de coincidencia e identificaron 389 propuestas, de las cuales 56 son del Estado de México, 121 del Senado, 124 de la Cámara baja, 70 de Chihuahua y 18 Guerrero, donde los temas coincidentes son: igualdad de género, paridad, acción de la justicia, feminicidio, trata, víctimas, entre otros temas.
En la entidad mexiquense, además de las 56 iniciativas detectaron algunas propuestas que van en contra de los estándares internacionales, como es la alienación parental y la protección de la vida desde la concepción.
Los tres ordenamientos más señalados impactados son: el Código Penal, el Código Civil y de Procedimientos, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde los temas son: acceso, derechos de niñas y niños, paridad de género y delitos sexuales; lo que no contemplan y es prioritario incluir es la violencia sexual en el ámbito comunitario, especialmente en el transporte público y las desapariciones de infantes.
La presidenta de la mesa directiva, Karina Labastida Sotelo, señaló que cualitativamente son de las entidades que más avances han tenido en la legislación.
MMCF