Hoy, la justicia federal definirá, tras 19 años, una desgastante controversia para la comunidad indígena de Mezcala, enclavada en la ribera norte del lago de Chapala: la presencia, dentro de sus tierras de los intereses de un empresario del calzado y bolsas finas de piel que a últimas fechas ha incursionado en negocios mineros, Guillermo Moreno Ibarra, a quien acusan de haberse apoderado de once hectáreas del patrimonio comunal con el apoyo de un comunero, Cresenciano Santana, el cual, en vida, no solo fungió como su prestanombres, sino que lo designó su heredero y le dio así su principal argumento jurídico para reclamar un título, en opinión de sus detractores, de forma espuria.
El Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa tiene hoy la audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016. El hombre de negocios reclama que se le acepte como integrante de la asamblea, es decir, como si fuera parte de esa cultura local, los viejos indios cocas, situación que es permitida desde la promulgación de la Ley Agraria vigente, en 1992, pero que, dadas las circunstancias del enfrentamiento, les parece a los aborígenes una burla y una claudicación.
El tribunal se pronunciará como instancia final acerca de la sentencia que le fue desfavorable al empresario: la que emitió en el marco del juicio de amparo 222/2015 el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo. En esa ocasión, el juzgador consideró que el demandante no tenía los elementos de derecho para decirse comunero, y como las superficies comunales son imprescriptibles, inembargables e inalienables, tarde o temprano, bajo el peso de esa resolución, tendría que reintegrar el rancho que estableció en la parte plana del cerro de El Pandillo, en medio de los mejores bosques de la comunidad, a sus vecinos hostiles.
El primer juicio en esta disputa data de 1999, en materia agraria, para la restitución. Como Cresenciano daba la cara legalmente, se
logró alargar por mucho tiempo cualquier determinación. Fue hasta siete años después, en 2006, que el tribunal unitario agrario 16, con sede en Guadalajara, abre el expediente de restitución 653/167/2006, pero la resolución no se alcanza sino hasta 2014, en el expediente 475/2013 (desahogado por el tribunal vecino en Guadalajara, el número 15), fallado a favor de la comunidad.
Entonces, la disputa se va por la vía de la personalidad: Moreno Ibarra reclama ser comunero. El fallo definitivo será en el curso de esta jornada.
La comunidad coca y sus aliados emitieron un comunicado preventivo para alertar a la sociedad: “El próximo jueves 13 de septiembre de 2018 (hoy) se resolverá el juicio de tierras de la comunidad indígena de Mezcala por la invasión que realizo el empresario Guillermo Moreno
Ibarra […] los magistrados quienes resolverán este largo y conflictivo juicio son Hugo Gómez Ávila, Elías Hermenegildo Banda Aguilar y José Manuel Mojica Hernández (ponente). La comunidad indígena está esperanzada a recibir justicia después de 19 años de espera. Espera que ha llevado a órdenes de aprehensión, presos, represión, y tantos insultos más a esta comunidad milenaria […] exigimos la protección especial
a las tierras indígena que deben de observar los tribunales conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y los artículos 1 y 2 de la Constitución y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte”.
Mezcala se ufana de haber resistido con una partida rebelde a las tropas realistas durante la larga lucha por la Independencia mexicana, hace dos siglos. Hoy espera ratificar su rebelión victoriosa ante los intereses
de un hombre pudiente y con relaciones políticas que insiste en poseer un pedazo de sus antiguas tierras.
SRN