La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) cumple este 6 de enero diez años de irrumpir en seis municipios de la Costa Chica, como un movimiento encaminado a garantizar la seguridad y la justicia en comunidades y municipios azotados por la delincuencia organizada.
Su principal dirigente es Bruno Plácido Valerio, un indígena de origen mixteco, que antes de fundar la Unión de Pueblos fue parte del grupo que diseñó y puso en marcha lo que hoy se conoce como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).
La CRAC-PC es un sistema de seguridad que surgió en la segunda mitad de la década de los 90s en las comunidades indígenas de San Luis Acatlán, de ahí se extendió hacia 200 pueblos de 12 municipios ubicados en las regiones Montaña y Costa Chica, principalmente.
Durante más de 25 años, la CRAC-PC se ha consolidado como un sistema de seguridad adecuado, la zona en que opera su policía comunitaria es considerada la de menor incidencia delictiva en la entidad, aunque siempre ha chocado con el sistema constitucional vigente, porque previene, investiga y sanciona los delitos bajo el sistema de reeducación.
No pocos abogados, sostienen que la CRAC-PC asume de facto atribuciones meta-constitucionales.
Bruno y su hermano Cirino Plácido Valerio (QPD) fueron integrantes del desaparecido Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Negra (CG500ARIN), que en su momento aglutinaba a los cuatro grupos étnicos que existen en la entidad.
A pesar de ser hermanos y de sostener una buena relación, Bruno y Cirino tenían actitudes diferentes; a Bruno se le facilitaba ejercer un papel de liderazgo, tenía facilidad de palabra y manejaba con destreza la relación con las autoridades en sus tres niveles.
Cuando coordinó a la CRAC tuvo una constante exposición mediática, lo que rápidamente lo convirtió en una fuente de información muy consultada por los medios de comunicación, tanto locales como de difusión nacional.
Cirino se manejaba en un esquema de más bajo perfil, casi no realizaba declaraciones a los medios y se mantenía más cerca de los habitantes de las comunidades.
Por eso, cuando los consejeros de la CRAC-PC consideraron que la influencia de Bruno podría perjudicar al sistema de seguridad comunitario, decidieron tomar distancia con él pero mantuvieron la comunicación con su hermano Cirino.
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Al final Cirino también se alejó pero no se incorporó a la UPOEG, se mudó a Chilapa y en Rincón de Chautla fundó lo que hoy se conoce como Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La UPOEG como organización social no armada
La separación de Bruno Plácido con la CRAC-PC se generó en el año 2010 y dejó de frecuentar las comunidades de San Luis Acatlán, donde se encuentra la casa matriz del sistema de seguridad comunitario.
Plácido Valerio no estuvo quieto, se instaló en Ayutla de los Libres, municipio que se ubica en la parte baja de la Costa Chica, pero que tiene accesos muy rápidos hacia la región Centro y al puerto de Acapulco.
En 2011 reapareció públicamente como dirigente de la UPOEG, organización que dedicaba su actividad principal a la gestión de proyectos productivos para bajar recursos.
Ya no trabajaba solo con población indígena, también promovía la defensa ante los cobros abusivos que aplicaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A diferencia de la CRAC-PC, la UPOEG se extendió con más rapidez como organización social hacia las regiones Centro, Montaña y Región Norte, por lo que de manera recurrente se le observaba realizando mítines en Palacio de Gobierno, en las instalaciones del Congreso local y llegó a realizar bloqueos a diferentes vías de comunicación, entre ellas la Autopista del Sol.
Las gestiones comenzaron a tener resultados y los beneficios llegaron a sus integrantes.
… y los alcanzó el brazo del crimen
La UPOEG como organización social se arraigó rápidamente en los municipios de Ayutla de los Libres; Tecoanapa, Copala, Cruz Grande, Azoyú y San Marcos, pero además tuvo participación en comunidades de Quechultenango, Chilapa y Cuetzala del Progreso.
Muchos integrantes de la UPOEG accedieron a diferentes programas gubernamentales que financiaban proyectos productivos, pero entre 2011 y 2012, los grupos del crimen organizado, principalmente del puerto de Acapulco ya habían puesto en operación células en las zonas de influencia de la Unión de Pueblos.
De esa manera, muchos activistas de la UPOEG fueron asaltados a los pocos minutos de haber cobrado el cheque otorgado por alguna institución.
Cuando dichos asaltos fueron denunciados, se encontraron con el problema de que las agencias del Ministerio Público (MP) estaban infiltradas por los delincuentes, de tal suerte que fueron varios los asesinatos de gestores que habían presentado alguna querella.
En una ocasión, hubo un delincuente que tras ser denunciado fue llamado por el titular del Ministerio Público, quien le proporcionó el original de la querella, misma que llevó ante el ciudadano, se metió a su casa, lo mató y ante su familia quemó el documento, para dejar constancia de su nivel de impunidad.
Otro problema que se comenzó a denunciar fue el del denominado “cobro de piso”, lo que empobrecía más a las comunidades.
Entonces la UPOEG a través de los comisarios que formaban parte de su estructura, comenzaron a trabajar en silencio en la integración de una autodefensa armada.
La irrupción en Día de Reyes
El 6 de enero de 2013 la UPOEG se presentó oficialmente como autodefensa armada, teniendo un despliegue muy visible en las cabeceras municipales de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, principalmente.
El detonante, de acuerdo con Gerardo Torres Valencia, uno de los principales dirigentes en los primeros días de la irrupción, fue el secuestro del sacerdote de la comunidad de El Mezón, a quien un grupo de delincuentes había tomado cautivo con la intención de exigir el pago de un rescate.
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El sacerdote fue rescatado casi en la cabecera municipal de Ayutla, en un filtro de vigilancia en donde uno de sus captores fue asesinado y sus compañeros tuvieron que correr hacia los cerros, sin embargo los integrantes de la autodefensa les dieron alcance rápidamente.
Con la información obtenida de los primeros detenidos, se dio paso a la persecución de los integrantes de la célula que operaba en Ayutla y Tecoanapa un delincuente apodado “El Cholo”, mismo que se anotaba, era parte de la estructura del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).
Durante dos semanas de instalar filtros de vigilancia en las carreteras de Ayutla y Tecoanapa, arrojaron como resultado la detención de por lo menos cien personas, las cuales en secreto fueron llevadas a la comisaría de la comunidad de El Mezón, lugar en el que posteriormente se desarrollaría un “juicio comunitario”.
Bruno Plácido Valerio explicó que durante los días de la irrupción, fueron detenidos informantes, sicarios y hasta un hombre que se especializaba en descuartizar a las víctimas para desaparecerlas.
La UPOEG llamó la atención por ser una autodefensa armada, que a diferencia de la CRAC no se limitaba a defender las comunidades, se desplazaba hacia otros municipios, no tenía un reglamento definido y sus integrantes se cubrían el rostro con pasamontañas, paliacates o pedazos de tela.
Se dijo que en el Mezón los de la UPOEG llevaron a varios delincuentes, pero también a muchos inocentes que posteriormente entregaron a las autoridades, tras reunirse con funcionarios del Gobierno de Guerrero y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La CRAC-PC se deslindó
El mediodía del seis de enero de 2013, en la comunidad de El Paraíso, también en el municipio de Ayutla, integrantes de la CRAC-PC convocaron a una conferencia de prensa para deslindarse de los hombres armados que habían tomado la cabecera municipal.
Arturo Campos Herrera, vocero de “El Paraíso” sostuvo que la CRAC-PC no tenía que ver con ese despliegue, dijo que la policía comunitaria no se cubre el rostro para actuar y señaló también que muchos de los que estaban movilizados portaban armas de grueso calibre, lo que estaba prohibido en el sistema comunitario.
En consecuencia, Campos Herrera solicitó que los integrantes de la autodefensa se despojaran de las playeras verde olivo que portaban de manera mayoritaria, ya que eso podía generar confusión con la CRAC-PC.
Desde el inicio, fue muy evidente el recelo que hubo entre los integrantes de la UPOEG y la CRAC-PC, incluso, el entonces gobernador, Angel Aguirre Rivero intervino para evitar que la violencia entre ambas organizaciones armadas se desbordara.
Los tentáculos de la autodefensa
Desde que la UPOEG se presentó como un “Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano”, el principal dirigente fue Bruno Plácido Valerio y la situación no ha cambiado.
Sin embargo, son varios los hombres cercanos que permitieron al indígena mixteco mantenerse al frente de la organización.
Entre ellos se encuentra Gonzálo Torres Valencia, quien ya se ha distanciado de la organización; Ernesto Gallardo Grande, asesinado en la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco y entre otros Miguel Angel Blanco, también asesinado en dicha comunidad perteneciente al puerto.
Contó durante más de un lustro con el asesoramiento de Manuel Vázquez Quintero, actualmente delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de la entidad.
Por eso, sin mucha dificultad en 2014 llegó a la cabecera municipal de Juan R. Escudero, ya en la región Centro y para 2015 estaba instalado en todo el corredor que va de Chilpancingo hasta el puerto de Acapulco, instalando bases de operaciones en Buena Vista; Palo Blanco y El Ocotito.
De 2016 a 2017 trabajó una alianza con comisarios de la Sierra, lo que permitió que por algunos meses las playeras de la UPOEG se observaran en comunidades de Leonardo Bravo, entre ellas Tres Cruces; Los Morros, Campo de Aviación y Filo de Caballos, sin embargo, para 2018 dicha alianza ya no tenía vigencia y la Unión de Pueblos se replegó de lo que hoy es reconocida como la octava región económica de la entidad.
De las confrontaciones
La UPOEG ha sostenido divisiones internas y confrontaciones con grupos antagónicos.
El caso más visible es enfrentamiento que sostuvo en 2015 con el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), creado tras la división de la Unión de Pueblos en Tierra Colorada y los pueblos del Valle de Chilpancingo.
El FUSDEG surgió a principios de 2015, luego de la desaparición y tortura a que fue sometido el promotor comunitario Cresenciano Ramírez López, quien responsabilizó del atentado a Ernesto Gallardo Grande (QPD) y Gerardo Torres Valencia.
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El Frente Unido tuvo como principal dirigente a Salvador Alanís Trujillo, actual coordinador de la Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo (PCHC), un licenciado en Economía que tras vivir varios años en Estados Unidos (EU) había tratado de instalar una empresa de invernaderos en El Ocotito.
“Nosotros ya nos organizábamos para defendernos de Los Rojos, que eran el grupo que aplicaba el cobro de piso a los empresarios del Valle del Ocotito, cuando Bruno nos anunció que quería ingresar a nuestro territorio, le dimos todas las facilidades y los recibimos, nos sumamos a la UPOEG y creímos que íbamos a poder reinstalar la paz en la zona”.
Hubo un inconveniente que estuvo a punto de desatar el primer enfrentamiento, estando Bruno y Salvador Alanís en la misma mesa.
“Nos cita para una reunión, nos dice que él no podía quedarse permanentemente pero nos informa que nos dejaría como coordinadores a unos comandantes que estaban recomendados por él. Nuestra sorpresa fue que nos presentó a varios de los delincuentes que nosotros habíamos expulsado por andar cobrando piso”, relata Alanís Trujillo.
Y cierra: “Esa vez mis muchachos y los de Bruno se levantaron y se encañonaron mutuamente, creímos que ahí íbamos a quedar todos, pero al final, los compañeros empresarios de la zona nos llamaron a la calma y decidimos que cada quien trabajaría por su cuenta”.
En los meses siguientes, hubo enfrentamientos constantes entre UPOEG y FUSDEG en la carretera federal México-Acapulco, en la comunidad de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero y en El Ocotito.
La UPOEG recuperó el control de Ocotito, Buena Vista y se afianzó en Palo Blanco, hasta que las incursiones constantes de Los Ardillos terminaron por replegarlas casi completamente del corredor Chilpancingo-Acapulco.
El FUSDEG durante varios años resistió atrincherado en Tierra Colorada, pero al final quedó casi desmantelado, cuando su principal dirigente, Salvador Alanís debió retirarse hacia la Sierra y comenzaron a registrarse incursiones de varios grupos del crimen organizado, principalmente de Los Ardillos.
La base de UPOEG en Buena Vista ha sido atacada en más de ocho ocasiones de 2015 a 2022, la mayoría de los embates se atribuyen a Los Ardillos y la moral del grupo decayó en exceso tras el asesinato de su comandante Mario Zamora, en febrero del año pasado.
Aunque también se asume como parte de la UPOEG, la base de Ocotito no se coordina con Buena Vista, pese a que ambas comunidades se ubican a escasos cinco kilómetros de distancia.
Del lado de Acapulco, la Unión de Pueblos se ha confrontado con las organizaciones locales, entre ellas el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), cuyo vocero, Marco Antonio Suastegui los acusa de ser una ramificación del grupo delictivo “Los Rusos” y las adjudica la desaparición de su hermano Vicente.
Bruno en prisión
El 9 de agosto de 2022, Bruno Placido Valerio fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acusado del delito de Robo Específico, por lo que fue canalizado al penal de Tlapa de Comonfort, donde lo reclamaba un Juez de Control.
El dirigente no pasó ni 24 horas en dicha cárcel, pues al hacer la revisión, resultó que uno de los delitos que se le imputaban ya había prescrito, en tanto que en otro no se le pudo acreditar la responsabilidad.
Antes de la captura, el ahora ex vicefiscal de Investigación de la FGE, Ramón Celaya Gamboa declaró ante los medios, que parte importante de la UPOEG era utilizada para generarle base social al crimen organizado, particularmente a “Los Rusos”.
En diferentes momentos, Plácido Valerio ha reconocido la posibilidad de que haya células de la Policía Ciudadana que lleguen a ser infiltradas por la delincuencia, pero sostuvo que hay la disposición para realizar un proceso de depuración que permita desactivar dicho riesgo.
Lo anterior, porque asume que son más los beneficios de tener a los pueblos organizados, que permitir que sigan indefensos ante un flagelo creciente que es el crimen organizado, al que hasta el momento, los tres niveles de gobierno no han podido enfrentar de manera eficaz.
HCM