María Herrera Magdaleno, una madre buscadora, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición individual contra el Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos, sufridas por ella y su familia, ante la desaparición forzada de cuatro de sus hijos. La mujer estuvo acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y acudió con la comisionada relatora para México y la secretaria ejecutiva de la CIDH.
María Herrera es madre de ocho hijos, de los cuales cuatro fueron desaparecidos en el contexto de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera desaparecieron en agosto de 2008 en el estado de Guerrero; Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera en Veracruz, en septiembre de 2010. Desde entonces, se desconoce su paradero.
La petición ante la CIDH desarrolla cómo, en ambos casos y en distintos niveles, hubo participación en las desapariciones de autoridades con el crimen organizado —al menos por aquiescencia—, seguida por una falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas. Por ello, al no encontrar recursos efectivos a nivel interno, la familia Trujillo Herrera decidió acudir a la comisión.
Además, señalaron las violaciones a diversos derechos —reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)— que ha cometido el Estado mexicano, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo al ser desaparecidos de manera forzada, así como su derecho a ser buscados, por todos los medios posibles, y, en su caso, debidamente identificados como una obligación del Estado.
También, establece la violación al derecho de la familia Trujillo Herrera de acceder a la verdad y la justicia, derivado del tiempo transcurrido y las omisiones y negligencias que han caracterizado a la investigación que, a la fecha, no ha dado resultados; así como la violación al derecho a la integridad y a defender derechos humanos en condiciones de seguridad, por todas las afectaciones, impactos y riesgos a los que han estado expuestos la familia durante la búsqueda de sus seres queridos y el acompañamiento a otras familias y colectivos.
El documento presentado ante la CIDH detalla el incumplimiento del Estado mexicano de implementar adecuadamente, a nivel interno, todas las disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación, incluyendo las establecidas en la Ley General en la materia, así como la falta de una política integral que atienda las más de 100 mil personas desaparecidas.
María Herrera también denunció ante la CIDH que los esfuerzos para hacer frente a las desapariciones continúan siendo insuficientes y requieren de acciones coordinadas de todas las instituciones encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como de las de atención a víctimas.
ROA