Para el arrendamiento de patrullas durante la anterior administración municipal en Atotonilco de Tula se cometieron muchas irregularidades, por lo que el actual gobierno espera un dictamen favorable de parte de los tribunales, reveló el alcalde Jaime Ramírez Tovar.
Consultado sobre el tema, dijo que es un asunto legal complejo pues entre otras cosas afirmó que el arrendamiento se hizo a título personal, "no bajo las normas y reglas que marcan los protocolos de cuenta pública, no hubo las licitaciones necesarias".
Agregó que también se violaron muchas normas "de acuerdo a las garantías que dan las aseguradoras", temas que el anterior gobierno heredó, dejando una problemática financiera para el municipio al que ahora la empresa arrendataria le reclama una millonaria cifra por incumplimientos de pago por la prestación de servicio de las unidades asignadas al área de Seguridad Pública.
Explicó que el gobierno 2016-2020, encabezado por Raúl López Ramírez, dejó de pagar el arrendamiento; a su llegada el concejo interino municipal tampoco pagó, lo que incrementó el adeudo, y atajó que su gobierno no puede "asumir la responsabilidad de esa manera, tenemos que ver qué sucedió, lo turnamos a lo judicial y esperamos respuesta de ello para deslindar esa responsabilidad".
Subrayó que hay cambios en los criterios de manejo de los recursos económicos, en el marco de una mayor transparencia y, dijo, "aunque yo quisiera pagar esa deuda va a ser un desvío de recursos porque no estaría bien documentado ni sustentado, tengo que acatar reglamentos, protocolos y reglas del estado".
Resaltó que es un tema heredado que no se quedó en el olvido y por el contrario se está atendiendo ante las instancias judiciales, en dónde están presentando las pruebas necesarias para obtener un fallo en favor de la alcaldía, y en este aspecto confío en que las autoridades a cargo del litigio analicen bien la situación para que se revisen los pormenores de la documentación.
El mandatario no quiso revelar nombres o cargos de los funcionarios o ex funcionarios que cometieron estas anomalías hasta que no haya un resolutivo de parte de las autoridades correspondientes, en este caso los tribunales.
En febrero del año pasado el secretario general municipal, Juan Manuel Rodríguez Rojas, indicó que la empresa arrendataria estaba solicitando un pago de 14 millones de pesos (mdp) al gobierno local, una cifra que se incrementa a diario, por lo que confió en que obtuvieran un fallo favorable para no erogar ese monto por el arrendamiento de las unidades que desde que inició está administración no se han utilizado y están recluidas en el aparcadero ubicado junto al palacio de gobierno.