A causa de la detención ilegal y arbitraria de elementos de Fuerza Civil a una periodista, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.
La CEDH, encabezada por la presidenta Olga Susana Méndez Arellano, determinó que la autoridad policiaca vulneró los derechos de una periodista de televisión, luego de que fuera esposada y agredida por parte de los uniformados, el 8 de abril del 2021, por presuntamente haber fotografiado a los elementos durante la cobertura de un hecho violento, en la colonia Valle de Santa Lucía.
La Recomendación 03/2021, dirigida al secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, aclara que por tratarse de una representante de un medio de comunicación implica hacer pronunciamientos concretos y enfáticos sobre la importancia que la libertad de expresión tiene en el sistema jurídico mexicano, la relevancia de la función social de los periodistas y el grave riesgo que corren en el ejercicio de su profesión, sobre todo cuando se trata de mujeres.
El documento, elaborado tras una investigación detallada, especifica que los derechos vulnerados en este caso fueron la libertad de expresión, libertad personal, debido proceso, integridad personal y a una vida libre de violencia, igualdad y no discriminación, derecho al trabajo, derecho a la propia imagen, así como a los principios de dignidad y certeza jurídicas.
En un plazo no mayor a 15 días, recomienda la CEDH, la autoridad deberá poner a disposición el tratamiento médico y psicológico que requiera la periodista afectada, al ser diagnosticada con fractura en el antebrazo izquierdo, contractura muscular cervical e inflamaciones en distintas partes del cuerpo.
“La autoridad debe adoptar las medidas necesarias tendentes a prevenir que se vuelvan a cometer violaciones similares”, indica el escrito, “la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a quienes sean responsables de las violaciones, (tomar) cursos de sensibilización, formación y capacitación sobre los principios y normas de protección de los Derechos Humanos, dar cumplimiento de manera rigurosa con el llenado del Informe Policial Homologado y sus anexos”, cita el texto.
También se recomienda elaborar directrices de actuación respecto a la relación de la policía de Fuerza Civil con la prensa, y delimitar claramente el perímetro en el lugar de los hechos, mediante el acordonamiento, que permita la actuación tanto de las autoridades como de las personas que se dedican al periodismo y a la comunicación.
La recomendación incluye que se destruya toda evidencia fotográfica que la autoridad haya tomado a la periodista, y emitir de manera inmediata un comunicado sobre el respeto del libre ejercicio del periodismo y la prohibición de llevar a cabo detenciones.