El despacho de abogados Ramos, Ripoll & Schuter aclaró que las acusaciones hechas contra el empresario regiomontano Pablo Villarreal Cantú, no tienen fundamento y son falsas, por lo que se debe respetar el principio de presunción de inocencia.
En su derecho de réplica a la nota “Tras 8 años aún no extraditan a empresario regio”, publicada el 16 de julio por MILENIO Monterrey, Juan Rafael Amador Espinosa, abogado del despacho y apoderado de Villarreal Cantú, aclaró el contenido de la información.
“Las acusaciones no tienen fundamento y redundan en falsas e inexactas, además de contravenir el derecho de mi representado, al tener presunción de inocencia debido a que las actividades y delitos que se le imputan a mi representado a través de una nota publicitaria no han sido demostradas, ni pueden serlo, pues son falsas.
“Si esto fuera cierto, como ya se dijo, no sería lógico que el entonces comisario, contador y auditor de la sociedad hubiese avalado los estados financieros de la misma”, señala el abogado
El pasado 16 de julio, MILENIO Monterrey publicó que el empresario regiomontano, acusado por el presunto delito de fraude y lavado de dinero a una institución financiera de Estados Unidos, lleva ocho años demorando su proceso de extradición ante la ausencia de una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Es completamente inexacta y causa un grave perjuicio a la imagen, honor y reputación de mi representado, pues es falso y de ninguna manera quedará demostrado ante una autoridad competente que mi representado haya realizado conductas ilícitas.
“En su nota se omite señalar que además de mi representado existe un grupo de accionistas minoritario de la sociedad Desarrollo Logistik, SA de CV, siendo éstos, José Cerrillo Chowell, Roberto Antonio López Palau, José Luis Salas Cacho, Juna Carlos López Rodríguez y Marcelo de los Santos Anaya a través del fallecido Constancio González Romero, y que la carpeta de investigación fue denunciada ante la Fiscalía de Nuevo León”, señaló.
El apoderado del empresario indicó que previo aviso a ser archivada por no existir elementos de prueba en acto ilegal, la investigación fue enviada a la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí.
“En donde uno de los accionistas es el hombre más rico del Estado, otro hijo del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, y otro, hermano del ex secretario de Promoción Económica, ambos en el periodo del gobierno en donde se materializó el Parque Logistik II.
“La nota omite señalar que durante el periodo en que dice se cometieron los presuntos actos ilegales, el contador externo, auditor y entonces comisario de la sociedad Desarrollo Logistik, SA de CV, era el señor Marcelo de los Santos Anaya, y su hermano, Carlos de los Santos Anaya, era miembro del Consejo de Administración de Desarrollo Logistik, y ambos firman las auditorías de la sociedad en dichos años, y para acreditarlo, estos documentos fueron acompañados ante la unidad investigadora del caso”, dijo.
Amador Espinosa señaló que la información omitió señalar que Juan Carlos López Rodríguez, administrador único de la empresa, se encuentra prófugo de la justicia desde septiembre de 2019, en virtud de órdenes de aprehensión que han sido liberadas en su contra por las ventas de inmuebles realizadas a la luz del cargo que ilegalmente le confirieron como administrador único de la empresa, estando involucradas en las ventas Nafta Rail Road, SA de CV, (Kansas City Southern), BMW San Luis Potosí, entre otras empresas y personas físicas.