Bajo el argumento de que las autoridades no han estado a la altura para buscar, investigar e impartir justicia en los casos de personas desaparecidas, Consuelo Morales Elizondo criticó duramente esta situación y destacó que en la entidad se vive un notable retroceso en esta área.
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Según la directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), este escenario, en el que se dice que se trabaja pero que no existe avance alguno, se presenta en Nuevo León de 2015 a la fecha, siendo lo más grave en lo que va de este año, dado que, dijo, del 1 de enero al 30 de agosto los casos no han avanzado “absolutamente” nada.
Ante esto, dentro de la manifestación que realizaron en acompañamiento a los familiares de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores), sobre el puente ubicado en Constitución y Serafín Peña, en el centro de Monterrey, urgió a las autoridades a cumplir con lo que la ley los obliga y dar respuesta a todas las víctimas.
Además, durante este clamor mundial en conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, Morales Elizondo exigió al Fiscal General de Nuevo León pasar de las palabras a los resultados.
“Espero que este fiscal (Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez), verdaderamente, lo que dice se traduzca en hechos, porque necesitamos urgentemente una respuesta a la búsqueda de la verdad y de la justicia”, enfatizó.
Para dar muestra de este retroceso, Consuelo Morales precisó que los trabajos de búsqueda y consignaciones tienen reducciones muy graves.
“La efectividad en la labor de búsqueda ha venido a la baja, pasando de 69 personas entre 2013 y 2015, a solo 20 personas entre 2016 y 2018.
“De igual forma, las consignaciones en procesos judiciales contra las personas responsables de las desapariciones cayeron de 28, entre 2013 y 2015, hasta solo 2 entre 2016 y 2018”, puntualizó.
Las cifras de Cadhac también refieren que Nuevo León es quinto lugar nacional en número de desapariciones, y que de los mil 431 casos a los que ellos le han dado seguimiento de 2009 a la fecha, el 47 por ciento de las mismas han sido desaparición forzada, es decir, con participación de alguna autoridad, directa o indirectamente.