El Gobierno del Estado de Nuevo León admitió 'tumbar' el proyecto de la requisa del transporte público y modificarlo para ahora pedir un arrendamiento al Poder Legislativo para adquirir hasta mil unidades del transporte público.
Lo anterior se da apenas a unos meses de que el Estado anunciara su intención de hacerse responsable de la totalidad del transporte y para ello pidiera una deuda de casi 5 mil millones de pesos.
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Aunado a esto, también la modificación del proyecto se da luego de los amparos que fueron otorgados a empresarios transportistas para evitar precisamente que el Estado les quite el control de la Tarjeta Feria y sus inmuebles.
Al respecto, Manuel González, secretario general de Gobierno, admitió que, al darse a conocer el cambio de petición al legislativo de la requisa por un arrendamiento, lo que se busca es darle mayor movilidad a los usuarios con la integración de más unidades camioneras.
De igual forma, señaló que con el arrendamiento la petición de deuda se redujo a los 2 mil 151 millones de pesos.
"Es por eso que llega esa solicitud, que es diferente a aquella que se había planteado y se retiró de una solicitud de financiamiento por 4 mil 910 millones de pesos (para requisar el transporte).
"Sustituye a la anterior porque la realidad es que vamos a estar en cada uno de los rumbos de la ciudad reordenando todo el transporte, esto es lo que va a iniciar y va a iniciar con esta solicitud (de arrendamiento)", dijo.
El mecanismo para asignar este arrendamiento o nuevas unidades a las rutas, explicó, será a través de licitaciones dirigidas a quienes poseen unidades hombre-camión, es decir, para quienes tengan de una hasta cuatro unidades, y también se les reestructurará su ruta transitoria.
"Depende de cómo vaya avanzando la reubicación de las rutas, habrá zonas donde los hombres-camión, que son los que tienen un solo camión o los que tienen cuatro o cinco unidades, no puedan agruparse, en donde suceda esto, el Estado entrará a apoyar mientras se lícita esa ruta nueva, que cubra esa zona y pueda tenerla un particular mediante una concesión", dijo.
En cuanto a los amparos que los actuales empresarios han conseguido a través de jueces federales, el funcionario estatal dijo no temer a que ahora busquen protección legal contra este proyecto del arrendamiento.
Aunado a este arrendamiento, resaltó que también se creará un nuevo sistema de cobro a través de una nueva tarjeta.
"El gobierno no teme a ninguna acción que un ciudadano, en su propio derecho, pueda llevar a cabo, y el gobierno lo que va a buscar es defenderse, de eso a querer atacar a alguien o tener temor, no, existen los tribunales y nosotros vamos a seguir llevando a cabo los juicios en esas instancias", refirió.
Manuel González adelantó que buscarán convencer a los diputados para que, en el segundo periodo extraordinario del próximo 4 de agosto, los diputados discutan y aprueben la petición de dicho arrendamiento que iría dentro de la nueva Ley de Movilidad.
"Nosotros somos respetuosos de los tiempos del Congreso, ellos están convocando a una sesión (extraordinaria) para el 4 de agosto, y nosotros vamos a explicar en el lapso de tiempo que hoy nos queda rumbo a ese momento, la condición de todo esto que, repito, se ve que son muchos camiones y la verdad es que no sabemos cuántos se busquen arrendar", subrayó.
Por último, concluyó que a lo mejor no se ocuparán las mil unidades para licitar, debido al parque vehicular del transporte público con el que cuentan y el cual asciende a las 4 mil 100 unidades camioneras y de estas andan en circulación solamente 3 mil 700 debido a que el resto están en reparación.
"Muy probablemente el número de camiones que se vaya a necesitar sea menor, y esto permita que ese parque vehicular baje, pero además nosotros tenemos la información de cuántas unidades tienen los 10 principales empresarios del transporte y muy probablemente tengan hasta 3 mil", agregó.