El arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez en conjunto con el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez y el obispo de Huejutla, José Iarís Acosta Beltrán, solicitarán al gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, que vete las reformas al Código Penal y la Ley de Salud que permiten la interrupción legal de embarazo hasta la décimo segunda semana de gestación.
Díaz Martínez señaló que están organizando los documentos y la información requerida para entregarla al mandatario estatal y apuntó que para ello tienen un abogado que está llevando el tema.
- Te recomendamos "Una ley que le debían a las hidalguenses"; así se vivió la despenalización en el Congreso Congreso
“Es una herramienta que aún se cuenta para que esta ley ojalá no prospere; yo creo que independientemente de la solicitud si el gobernador sabe de todo el bien o todo el mal que puede ocasionar esta ley, él tendrá que tomar una decisión de acuerdo a su conciencia”, sostuvo el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez.
El arzobispo y los obispos aseguraron que los legisladores votaron dividida y precipitadamente una iniciativa que desprecia y pone en riesgo el derecho humano a la vida reconocido y avalado en todos los tratados internacionales.
Afirmaron que una ley que legaliza el aborto no es una petición de los hidalguenses, “por desgracia los legisladores que apresuraron y votaron dicho dictamen de ley han caído en la trampa de otros intereses ajenos a la identidad de nuestro pueblo y de nuestro estado, el aborto legalizado simplemente destruye una vida y afecta sensiblemente a la madre”.
En conferencia de prensa suplicaron de manera respetuosa al gobernador del estado que medite concienzuda y profundamente sobre las implicaciones que la decisión legislativa pudiera generar en el pueblo de Hidalgo.
“Una resolución de esta trascendencia que cambia el valor de la vida de todos los hidalguenses no puede ser legislada sin escuchar al pueblo, en sus manos está la posibilidad de escuchar a todos sus conciudadanos y ejercer su derecho al veto en una resolución que no compartimos la mayoría de los hidalguenses”, dijeron.
Aseguraron que: “nuestro amado estado y nuestros hermanos hidalguenses creen en la vida la aprecian y la respetan, comprenden que frente a las adversidades que tienen muchas mujeres durante su embarazo son necesarias acciones e instituciones que las protejan, las cuiden a ellas y a la creatura en su seno”.
El pasado miércoles 30 de junio los diputados locales aprobaron con 16 votos a favor y una abstención las reformas al Código Penal y la Ley de Salud con lo que se permite la interrupción legal del embarazo en el estado hasta la doceava semana de gestación.
La reforma al Código Penal establece que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días multa a la mujer que cometa el delito de aborto. Igual pena se aplicará a quien haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta.
¿Qué dice la Constitución sobre el veto?
La Constitución Política del Estado de Hidalgo establece en su artículo 51 que aprobado un Proyecto de Ley o de Decreto por el Congreso se remitirá al Gobernador para su promulgación y publicación. El Gobernador, dentro de los diez días hábiles siguientes, podrá devolverlo con las observaciones que considere pertinentes.
El Proyecto de Ley o de decreto devuelto al Congreso deberá ser discutido nuevamente, y si fuere confirmado por los dos tercios del número total de Diputados, volverá al Gobernador, quien deberá promulgarlo sin más trámite.
En tanto el artículo 71 en su fracción XXXI señala que son facultades y obligaciones del gobernador ejercer el derecho de veto en los términos de la Constitución.