La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país a cumplir con sus obligaciones en la Ley General sobre desaparición, pues advirtió que debido a omisiones, incumplimientos y retrasos se continúan vulnerando los derechos de las víctimas.
“La mayoría de entidades federativas aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas e incluso algunas no han armonizado sus marcos legislativos con los contenidos de la Ley General ni han dotado a sus comisiones estatales de búsqueda de los recursos mínimos indispensables para cumplir con su importante labor”, señaló la ONU DH.
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A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (la Ley General), la Oficina de la ONU detalló que en las víctimas sigue recayendo la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables.
La ONU-DH también mostró preocupación por los intentos de desvinculación y falta de colaboración por parte de la mayoría de las fiscalías en la responsabilidad estatal de buscar a las personas desaparecidas, así como que aún no se hayan creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas; ni que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones, previstos desde la expedición de la Ley General, por lo que llamó a todas las fiscalías del país a cumplir plenamente con todas las obligaciones de su competencia.
“Sólo con la debida y cabal implementación de la Ley General, sumado a otros esfuerzos y acciones tangibles que fortalezcan las estructuras institucionales, normativas y de política pública, es que México estará en capacidad de avanzar hacia la erradicación de la desaparición de personas y la atención de los derechos de las víctimas, una de las problemáticas más complejas y lacerantes que enfrenta el país en materia de derechos humanos”, finalizó.
LP