Colectivos denunciaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la propuesta de reforma que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o “automática” por tratarse de un desacato a las sentencias internacionales en torno a esa figura.
En un comunicado, respaldado por colectivos representantes de víctimas —en el caso García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile— reconocidas por la CoIDH, acusaron que la reforma propuesta es violatoria a las sentencias de la Corte sobre estos casos, donde “se condenó a nuestro país por esta figura y se ordenó su reforma a nivel legal y constitucional”.
“El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión deben dar pasos decididos de verdadera voluntad política para iniciar el proceso de reforma constitucional y cumplir su obligación con las sentencias internacionales, eliminando de la Constitución la prisión preventiva oficiosa”.
Recordaron que si bien se trata de una figura elevada a rango constitucional desde 2008, además del Tribunal Interamericano, distintos organismos internacionales han cuestionado su uso, como el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a través del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria.
El proyecto de reforma contempla incluir en el catálogo de delitos graves, que amerizan la prisión automática, los relacionados con defraudación fiscal ,contrabando, emisión ilícita de comprobantes, producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, así como narcomenudeo y extorsión.
LG