Las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción e Integralia propusieron modificar la ley para sancionar a los ciudadanos que no voten, como medida para combatir los actos de corrupción de los partidos políticos, entre ellas la compra de votos y la movilización de estructuras clientelares.
Luis Carlos Ugalde, de Integralia, explicó que aunque es una propuesta polémica porque puede argumentarse que se afecta la libertad de los ciudadanos de decidir si votar o no, se trata de una medida que busca tutelar un bien mayor, que es la democracia, y el combate a la corrupción.
“No es lo mismo comprar votos cuando participa el 43% de los ciudadanos, que cuando vota el 80 o 90%; ahí el clientelismo de desmorona”, dijo durante la presentación del informe Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, elaborado por ambas organizaciones.
De acuerdo con el documento, por cada peso que los partidos políticos reportan como gasto oficial de campaña ante las autoridades electorales hay un gasto clandestino de al menos 15 pesos.
Ximena Mata, especialista en Asuntos Públicos, expuso que tan sólo el pago de la nómina de quienes operan las estructuras clientelares significa un sobrecosto de hasta cuatro veces en el tope legal de gastos de campaña, de acuerdo con el análisis realizado a partir de los datos de las elecciones de gobernador en 2016 y 2017.
Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, dijo que entre las sanciones que podrían aplicarse están la prohibición de hacer trámites oficiales o una sanción económica con base en los ingresos de cada persona.
“Es una medida inteligente para solucionar causas y garantizar un bien superior”, dijo el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
Entre las medidas propuestas para combatir la corrupción durante las elecciones destacan liberar al INE de las obligaciones de fiscalización y trasladarlas el Servicio de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Así como elevar los niveles de bancarización para reducir el flujo de efectivo y sancionar de manera severa los delitos electorales en las campañas y jornadas electorales.
OVM