El líder sindical del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Óscar Ramos López, exigió al gobierno federal aplicar a los trabajadores de la salud una tercera dosis de la vacuna contra covid-19, ante la evidencia de que 94 enfermeras, médicos y demás personal que fueron inmunizados desde diciembre de 2020 y principios de 2021, se reinfectaron con la nueva variante Delta.
“Nosotros que fuimos vacunados en diciembre y luego en enero de 2021, sabemos, porque así nos los dijeron, que a los seis y siete meses la eficiencia y eficacia de la vacuna disminuirá.
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Explicó que, hasta ahora, son 94 trabajadores reinfectados, en su mayoría enfermeras, todos vacunados con esquemas completos. Una de ellas, una especialista en salud mental, está grave con trombosis, luego de esperar y vacunarse con AstraZeneca. “No sabemos qué sucedió. Lo notificamos a Cofepris. Solo sabemos que el mismo Instituto nos dijo que se vienen tiempos aún más difíciles de contagios y saturaciones”, explicó en entrevista para MILENIO.
“Por ello solicité un tercer refuerzo de la vacuna Pfizer. Saber si ya está programada (para el personal encargado de la estrategia de vacunación). Cuando nos vacunaron nos comentaron que la protección duraba seis meses, tal vez un máximo de nueve, que igual está próximo a vencer”, detalló.
Luego de sostener una reunión con autoridades del INER, en la que también se solicitó cubrir de manera inmediata 400 plazas, Ramos López precisó que la respuesta al refuerzo es que la estrategia de vacunación es una cuestión “de seguridad nacional”.
“Nos están dejando en una situación crítica ”, explicó, tras referir que enviará un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Salud (Ssa) y a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad sobre la importancia de contemplar la tercera dosis, en tanto los trabajadores están dispuestos a hacerse estudios para determinar la cantidad de anticuerpos protectores y de atenerse a la evidencia científica de que con la variante Delta no corren mayor peligro.
“Estamos exigiendo reactivar todo el protocolo de bioseguridad en el INER porque la inmunización estará sesgada en los próximos días”, dijo. Además, señaló que si las autoridades se niegan a esa petición de los trabajadores que arriesgaron sus vidas, enfermaron y vieron morir a sus compañeros, “entonces tomaremos algunas acciones para exigir de la protección del personal”, declaró.
“Basta ver cómo va transcurriendo la pandemia en estos y en los próximos días. Si hay más contagios del personal, con dos dosis (de vacuna), eso comprobará que es necesario ese refuerzo. Tomaremos otras iniciativas, hasta la protesta”, advirtió.
En una primera instancia, abundó, acudirán con las autoridades federales, “aunque en el pasado se nos ha excluido, han hecho de oídos sordos, y hemos tenido que manifestarnos, esperamos que en esta ocasión no tengamos que esperar y llegar a esta situación”, dijo.
“La variante Delta es mucho más contagiosa y estamos en el segundo semestre del año, ya se aproxima la temporada de influenza, por eso se debe de apoyar al personal de salud para estar bien protegidos y puedan seguir atendiendo”, dijo.
Además, comentó que el personal médico se puede negar a entrar a las áreas covid-19 sólo si se pone en riesgo su vida o su salud, y, “si tomamos en cuenta que oficialmente la vacuna tiene una inmunización de cierto tiempo y estamos viendo reflejado que hay contagios entre trabajadores a pesar de las dos dosis, creo que si debemos de tomar en consideración justificadamente que no se exponga al personal al contagio”.
En las demanda, también exigen cubrir de manera inmediata 400 plazas de trabajadores, enfermeras y especialistas contratados para enfrentar la primera y segunda ola, que fueron despedidos desde finales de junio del año en curso por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
“Estamos, lamentablemente, en una situación donde hay que esperar que unos mueran o mejoren para tener espacio”.
El INER cuenta con 195 camas, de las que 170 están ocupadas por enfermos graves, 72 de ellos se encuentran intubados. Las 25 camas restantes se encuentran en un pabellón que se abrió para pacientes postcovid, con severas secuelas y complicaciones. Resaltó que hay ocho camas ocupadas, pero el resto no se pueden usar con pacientes positivos al SARS-CoV-2.
Conforme a los decretos que ha emitido la secretarías de Salud y de la Función Pública, los recientes cambios en el semáforo epidemiológico y los criterios de vulnerabilidad, de los 400 trabajadores protegidos, ahora solo 132 pueden continuar con trabajo en casa, personal que esté con alguna enfermedad crónica y degenerativa, embarazada o lactante.
“Los demás se están incorporando en áreas administrativas. Pero todo se dificulta porque todo el INER es cien por ciento covid. Antes las personas de 60 y años y más fueron protegidas, ahora, cuando estamos frente a una variante más agresiva les exigen que regresen a trabajar. Esto es algo incongruente. Con todo y dos dosis se están enfermando los trabajadores”, abundó.
En la actualidad, apuntó, un especialista llega a tratar hasta ocho pacientes graves por turno, lo cual puede dificultar su capacidad de otorgar una atención adecuada.
En la reunión, aseguró al sindicato que la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad aprobó recursos extraordinarios para comprar algunos insumos a punto de terminarse, como bolsas de aspiración Medi-Vac, usadas como contenedor de fluidos biológicos, potencialmente peligrosos, provenientes de pacientes con covid-19.
También, dijo, se hizo un inventario del equipo de protección personal, conformado con mascarillas, uniforme completos, batas, botas, cubrebocas, guantes. Se garantizó el abasto de medicamentos y también la utilidad vigente de todo el equipo utilizado en pacientes graves.