“Impacto catastrófico para el país” será lo que se viva de aprobarse la suspensión de la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, hijos e hijas, que viven violencia extrema y sus centros de atención externa.
Así calificaron activistas, grupos, colectivos y organizaciones civiles la declaración realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender recursos del presupuesto a las tareas realizadas por estos.
"La violencia contra la mujer, niños y niñas está considerada como un problema de salud pública, los recursos que la Cámara de Diputados etiqueta en el tema de combatir, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos, está etiquetado en el Sector Salud, que está en el Centro contra la violencia a las mujeres".
"En este centro caen los 140 millones de pesos anuales que, mediante un concurso para que los refugios obtengan entre 5 y 7 millones de pesos", señaló Mirna Hernández Morales, tesoreras de Rompamos el Silencio, que da apoyo a mujeres hidalguenses que sufren violencia.
"En Hidalgo estamos hablando que más de 60 mujeres al mes se verían afectadas con esta decisión presidencial, lo que demuestra un claro desconocimiento al no entender ni la génesis ni las atribuciones y alcances de lo que él llama en conjunto 'organizaciones sociales”, indicó Hernández Morales.
Por su parte, Iván Espino Pichardo, director de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos, indicó que " la eliminación al subsidio es reducir el trabajo de la sociedad civil".
"Esta decisión afectará directamente a los grupos que viven las peores situaciones de vulberabilidad, porque el presidente olvida que es ahí donde la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil han hecho trabajo transformador que el estado no ha logrado realizar", indicó.
En esta misiva, que presentarán a la Cámara alta el martes de la próxima semana, añade que en México los feminicidios aumentaron 104 por ciento en los últimos tres años; el 56 por ciento de los estados del país tienen alerta de violencia de género; las llamadas de violencia contra la mujer crecieron 85 por ciento y el 41.3 de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual.
“Cuando el poder ejecutivo ordenó la suspensión de la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas y sus hijos que viven en violencia extrema, y en su caso, a sus centros de atención externa para 2019, les está privando de su principal opción de seguridad ante un contexto de violencia".
"La eliminación del subsidio atrapa a mujeres y niñas en espirales de violencia que se repiten, intensifican y perpetúan con acciones restrictivas que desprotegen y vulneran sus principales derechos", concluyó Hernández Morales.