El diputado local del PAN, Luis Susarrey, presentó una iniciativa de reforma a tres ordenamientos estatales, a fin de castigar con 9 años de cárcel y 14 mil pesos a quienes no atiendan reportes de cableado en mal uso, al mismo tiempo que buscará terminar con la contaminación visual.
En conferencia de prensa en la Oficialía de Partes del Congreso junto con Patricia Pérez Ramírez, creadora de campaña 'Ni un cable aéreo más' en Valle de San Ángel, Susarrey explicó que es una reforma al Código Penal, a la Ley Ambiental y a la Ley de Desarrollo Urbano, “es la iniciativa más completa que se ha presentado en esta legislatura”.
“La primera reforma es al Código Penal del Estado para que se considere delito y con multas económicas y hasta con cárcel a quien no atienda una solicitud ciudadana para retirar cableado en peligro. Pese a que los municipios y el estado les requieren que los retiren, pues no lo hacen, hice el tendido y ya cambio de compañía el cliente y pues son cada vez más riesgoso cuando están cortados.
“La otra reforma es darle a Desarrollo Urbano y aquí lo que estamos planteando es que los municipios puedan establecer en sus reglamentos sanciones aplicables para los que hagan caso omiso a las solicitudes y que tenga la facultad de multar directamente a la cablera y que no salga con que se regula”, manifestó.
La tercera reforma, expuso, es que se considere violatorio a la Ley Ambiental la contaminación visual, al tiempo que la Secretaría de Medio Ambiente estatal tendrá la facultad de retirarlo y sancionar a las empresas de telecomunicaciones que argumentan normativa federal.
En materia de Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, dijo, es importante notificar a las autoridades municipales sobre los cables que no estén siendo utilizados y que sigan teniendo un lugar en los postes de las calles, haciendo responsabilidad de todos avisar cuando no se esté cumpliendo con la obligación de las empresas de telecomunicaciones.
“Pero los cables no son solo una contaminación visual, son también un peligro para la sociedad. En el año de 2020, una ciudadana de la colonia Buenos Aires en Monterrey tuvo que ser amputada de su pierna derecha luego de sufrir un accidente en donde los cables de fibra óptica que estaban sueltos se enredaron en sus pies mientras el cable era arrastrado por un camión, hoy en día: su caso no ha recibido justicia.
“El 09 de mayo del 2022 en la Colonia Chepevera una ciudadana iba conduciendo su vehículo cuando noto que unos cables se habían atorado en el cofre, cuando bajó a quitar los cables otro vehículo pasó por el lado contrario y estiró el cable y la lanzó, provocándole lesiones y fracturas por las cuales hoy en día aún se mantiene en tratamiento y sin obtener ningún tipo de justicia.
“El pasado 4 de agosto del presente año un motociclista de 35 años sufrió un lamentable accidente en la zona sur de Monterrey que casi termina con su vida, dicho cable se encontraba colgando y el conductor afirma que gracias a que iba a baja velocidad y pudo meter el freno, se liberó de la presión del cable y cayó al suelo”, señaló.
La reforma es por adición a la fracción VI. BIS del artículo 446 del Código Penal para el Estado de Nuevo León; adición a la fracción XXVIII. Bis del artículo 11 y al artículo 252 Bis de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y adición a la fracción XV. Bis del artículo 236 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León
Patricia Pérez Ramírez, dijo que como vecinos tienen una preocupación que en relación al riesgo ante la integridad física de peatones y ante un riesgo también en el patrimonio de los automovilistas que transitan.
“En valle de San Angel hicimos una estrategia en la que pudimos encontrar un cambio en la colonia, tenemos esa preocupación básicamente en la protección al peatón y al automovilista, ciclista y motociclista que han sido afectados y no hay quien les pague”, concluyó.
En el eventos estuvieron Melissa Villarreal Noyola, Cesar Gamez Martínez y Dora María Fuentevilla.