Con la intención de fortalecer las finanzas de la Cruz Roja y garantizar que siga prestando asistencia en caso de emergencias, la bancada del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar el Artículo 27 Bis de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el propósito de que las aseguradoras incluyan dentro de los contratos los gastos que, en caso de requerirse, preste esta institución.
La diputada Alejandra García presentó durante la sesión de la Diputación Permanente la iniciativa en la que destacó que a nivel nacional se brindaron por parte de la Cruz Roja un millón 395 mil 414 servicios de ambulancia durante el 2018, de los cuales 37 mil 139 servicios fueron en Nuevo León.
“De los servicios de ambulancia realizados en nuestro estado por esta institución, el 80 por ciento fue proporcionado en el área metropolitana, y el cual guarda una relación directa con los accidentes automovilísticos en la entidad, lo que concentra gran parte del gasto operacional de la Cruz Roja Mexicana y que, de acuerdo con cifras de la propia institución, en promedio cada servicio de ambulancia representa un costo de 900 pesos”, detalló la legisladora del PRI.
“La presente iniciativa propone reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a fin de establecer que las instituciones aseguradoras incluyan dentro de los contratos de seguros los gastos que, en caso de requerirse, se presten por parte de algún órgano no lucrativo, de interés social y voluntario y, en caso de que no se requieran, dicho cargo será reembolsado al particular”, dijo.
Señaló que la asistencia que ofrece la Cruz Roja mexicana resulta en la mayoría de los casos un factor determinante en la salud de quienes reciben sus servicios de urgencias de manera inmediata y gratuita.
Denuncian presunto ecocidio
La diputada Beatriz Elizondo de los Santos, de Morena, presentó un exhorto que fue aprobado para enviarlo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la entidad, al procurador estatal de Desarrollo Sustentable y a la Fiscalía Anticorrupción del estado por la presunta grave situación de ecocidio suscitada en el ejido Nuevo Repueblo y comunidad agraria El Castillo, en Doctor González.