Activistas y organizaciones de derechos humanos, como Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), han celebrado la iniciativa del gobierno federal para liberar a las personas privadas de la libertad que hayan sido torturadas, lleven más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75 años detenidos por algún delito federal no grave, y adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas.
No obstante, señalaron que el alcance del decreto dependerá de que su contenido se adapte e incorpore los estándares internacionales y nacionales relacionados con la documentación de la tortura, así como de la voluntad política de las autoridades para que esta acción no quede en lo simbólico.
En entrevista para MILENIO, el presidente de Asilegal, José Luis Gutiérrez, explicó que el decreto debe tener claridad en el procedimiento para que los casos que sean resueltos por jueces de ejecución, quienes deben considerar de manera fundamental la temporalidad, pues el Ejecutivo estableció un plazo límite para liberar a los reclusos que cumplen con estos perfiles.
“El decreto debe tener claridad de que el procedimiento implica que estos casos sean resueltos por los jueces de ejecución, entonces hay que destacar en primer término la carga de trabajo que pudieran tener para comprometerse dentro de los plazos que estableció el Presidente, que es hasta el 15 de septiembre”, señaló Gutiérrez.
Al respecto, la presidenta de la asociación civil Reinserta, Saskia Niño de Rivera, destacó que el decreto debe ser muy amplio para que aplique caso por caso, o bien, se debe crear una ley reglamentaria donde se estipule el indulto presidencial y se instruya a los jueces de ejecución que liberen oficios para cada caso y estos vayan a los directores de los centros penitenciarios para que liberen a las personas que entran en el supuesto.
De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el número de personas privadas de su libertad por delitos de orden federal asciende a 28 mil 200, mientras que por orden común hay 190 mil 917. De esta cifra, los reclusos que se encuentran procesados en espera de una sentencia son 81 mil 464, por delitos relacionados al fuero común; y 12 mil 323, del fuero federal.
En cuanto a la población adulta mayor encarcelada, según el último informe del sistema penitenciario nacional, elaborado en octubre de 2019, en México había alrededor de 6 mil 242 presos, siendo la Ciudad de México la entidad con más población de adultos mayores: registra en sus centros penitenciarios 765. Por su parte, el gobierno federal detalló que los adultos mayores que se encuentran procesados, pero aquellos que no tienen sentencia llegan a los mil 682 entre el fuero común y el federal.
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En ese sentido, la abogada Paola Zabala detalló que, en dos de los cuatro supuestos que plantea el Ejecutivo en el decreto, ya existen medidas que se contemplan en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se han “volteado a ver”.
Ejemplo de ello son los casos de los adultos mayores de 75 años y reclusos con enfermedades crónico-degenerativas, donde la Ley Nacional de Ejecución Penal estipula que las autoridades penitenciarias pueden pedir la salida de las personas con estas características.
No obstante, Zavala destacó que el decreto que plantea el Presidente avanza de manera significativa, al reconocer que nadie merece ser torturado y al denunciar los obstáculos, corrupción y burocracia que impiden a las personas privadas de la libertad acceder a sus derechos.
“Es importante que el Presidente vuelve a subrayar dos cosas: nadie merece ser torturado y, segundo, reconocer y denunciar desde La Mañanera todas las trabas que hay en la justicia mexicana, que son la corrupción y la burocracia enorme, y a veces absurda, que no permite que las personas puedan acceder a la justicia expedita”, dijo la abogada.
Ante este panorama, el presidente de Asilegal recordó que la gran mayoría de personas que están en prisión preventiva por delitos tanto de orden federal como común, son investigadas por secuestro, trata de personas o delincuencia organizada, lo que en la mayoría de los casos “justifica” la violación de los procesos.
Por ello, Gutiérrez recalcó que es indispensable que la medida que se adopte no reduzca los criterios para acreditar la tortura a la existencia de dictámenes oficiales basados en el Protocolo de Estambul, pues actualmente la mayor parte de los reclusos tienen que esperar de tres a cinco años para que se les aplique este mecanismo.
“En México, la encuesta de personas privadas de su libertad que se hizo en 2016 estableció que más del 60 por ciento de personas que fueron encuestadas alegaron ser torturadas, y muy pocas son las que tiene posibilidad de que las defensorías públicas o sus propios defensores lleven el caso de tortura hacia otras instancias, para que les realicen un protocolo de Estambul o se investigue”, dijo el presidente de Asilegal.
Finalmente, Gutiérrez precisó que la iniciatuva que promueve el Presidente debe dejar la puerta abierta para que cada uno de los estados pueda proponer un decreto de esta magnitud, a fin de empezar a despresurizar los sistemas penitenciarios.
LP