Ante el veto que consumó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a una reforma para la rendición de cuentas de los programas sociales, el coordinador del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño, planteó una nueva iniciativa para adecuar la Ley de Desarrollo Social, a fin de que las autoridades municipales y estatales coordinen esfuerzos en la implementación de proyectos sociales.
El también presidente de la Comisión de Régimen Interno (COCRI) en el Poder Legislativo detalló que es necesario unificar esfuerzos y eficientar recursos en pro de los grupos vulnerables, a fin de no duplicar acciones o dispersar apoyos que podrían tener efectos más contundentes si se fijan objetivos comunes.
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“En aras de retomar y fortalecer los trabajos que puedan mejorar la calidad de vida de la población y lograr la justicia social, en esta iniciativa estoy planteando que el estado y los municipios puedan coordinarse para que la implementación de programas y acciones para que tengan una mayor facilidad de articulación en la implementación de las políticas públicas.
“La aplicación de programas sociales es importante, ya que permitirá modular esfuerzos, recursos y voluntades para atender las problemáticas sociales de manera eficaz, eficiente y equitativa, con una visión integral y participativa que garantice el bienestar y el desarrollo humano de las personas”, apuntó Treviño Cantú.
La iniciativa plantea modificar las fracciones X y XI, y se adiciona una fracción XII y XIII al artículo 8 de la Ley de Desarrollo Social del Estado.
Se contempla una nueva disposición para que las autoridades estatales y municipales realicen una evaluación periódica de los programas sociales, y así medir su efectividad, alcance y resultados.
“La implementación de programas o acciones sociales siempre están orientados a solucionar alguna problemática que afecte a la población, por eso es necesario realizar un diagnóstico cada cierto tiempo para conocer si realmente se cumplen los objetivo trazados.
“Dicha evaluación permitirá tener una actualización real y palpable, y a la vez, se podrán mejorar y adecuar las acciones para que haya un beneficio efectivo a los grupos que realmente necesitan la ayuda”, indicó.
El priísta acusó recibo de las recientes observaciones del Ejecutivo a una reforma promovida para que los programas sociales estén obligados a rendir un informe de actividades al Congreso del Estado.
“Necesitamos tener un pulso real de los programas y por eso propusimos esa iniciativa, por lo que lamentamos que el Ejecutivo haya aplicado un veto, el cual ya fue turnado con carácter de urgente a la Comisión de Desarrollo Social para el análisis correspondiente.
“Lo que nosotros buscamos es que el gobierno estatal lleve un registro más riguroso sobre las políticas públicas implementadas en apoyo a los grupos vulnerables y, con los resultados arrojados, trabajar en las áreas de oportunidad, para emplear las acciones necesarias con las que se pueda revertir los índices de pobreza en la entidad”, insistió.
Por último, refirió que, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del 2018 al 2020 a nivel nacional, se estima que el 14.5% la población se ubica en situación de pobreza.
mrg