Daniel García y Reyes Alpízar han sufrido más de 17 años en prisión, 20 años en proceso y 200 meses sin sus familiares, siendo el calvario que han pasado tras ser detenidos arbitrariamente y privados de su libertad por el homicidio de la regidora del municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés del PAN en 2001.
“Me llega el recuerdo de todo lo vivido, porque uno como quiera dice pues yo soy hombre y aguanto errores y terrores, lo que yo pasé que fueron los trancazos, los golpes, las descargas eléctricas, las bolsas, todo eso que la policía, mecanismos que utiliza la policía”, contó a MILENIO Reyes Alpízar.
Tras dos años en libertad condicional, obtenida gracias a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, ambos han logrado que este 26 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resuelva su caso y cuestione el uso del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
“Cambia la panorámica, tenemos mucha confianza en el tribunal internacional para que todo esto se aclare, más que nada llegué a un término feliz, nos absuelva y se conozca la verdad más que nada”, mencionó Alpízar.
Para Daniel García, la sentencia de la Corte IDH genera un precedente importante en el pías, pues será determinante tanto en el terreno de los derechos humanos como en las estrategias de procuración e impartición de justicia y prevención del delito en México, ya que en su experiencia la prisión preventiva oficiosa es un arma de corrupción.
“Es un arma de corrupción, lo primero que se genera es la posibilidad de comprar y de negociar antes de llegar a la cárcel y la gente del ministerio tiene la facultad exclusiva de enviar a la cárcel a partir de la prisión preventiva oficiosa a quien sea sin necesidad de que un juez intervenga”, señaló García.
Esto, se enmarca en el intento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la previsión preventiva, lo cual aseguró Daniel “es un intento de parchar y medio acomodar” antes de que la Corte IDH emita su sentencia, pues durante los último 20 años el máximo tribunal mexicano les negó el amparo en su caso “porque los tratados internacionales no están por encima de la constitución”.
La detención arbitraria, el uso de la tortura y la prisión preventiva oficiosa y prolongada, además de la falta de garantías y protección judicial son algunas de las violaciones a derechos humanos que Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Actualmente, siguen buscando justicia, reconocimiento a su inocencia y exigiendo sean levantadas las restricciones a su libertad, impuestas por un delito que no cometieron.
“Primero te detienen, te torturan, te dan la prisión preventiva oficiosa, te dictan en el auto de formal prisión y ya después no hay ninguna investigación no investigan todo lo hacen a su manera a la viva México”, finalizó Alpízar.
LG