En operativos contra la tala ilegal que llevaron a cabo la Profepa, junto con 589 elementos de la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina se aseguraron 185.8 metros cúbicos de madera, 8.9 metros cúbicos de tierra de monte, 24 toneladas de carbón, 10 vehículos y cuatro herramientas de aserrío.
Asimismo, se instalaron 28 puntos de revisión carreteros de manera simultánea en zonas críticas forestales de 16 entidades, con la mayor incidencia de ilícitos forestales y puntos vulnerables, entre estas: el Ajusco y la carretera federal México-Cuernavaca; Huitzilac, en Morelos; el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en Michoacán; Acaxochitlán, en Hidalgo; Escárcega, Carmen, Palizada, Xpujil, en Campeche; y área de influencia del Parque Nacional La Malinche, en Tlaxcala.
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Asimismo, en Guadalupe y Calvo y Bocoyna, en Chihuahua,; Zinacantepec, en Edomex; Tlahuapan y Chignahuapan, en Puebla; Othón P. Blanco y Solidaridad, en Quintana Roo; Palenque-Catazajá, en Chiapas; Umán y Kanasín, en Yucatán; Pueblo Nuevo, El Mezquital y Lerdo, en Durango; San Bartolo Coyotepec-Zimatlán de Álvarez, en Oaxaca; Zihuatanejo, en Guerrero, y área de influencia del Parque Nacional Pico de Orizaba, en Veracruz.
Además de las materias primas forestales que se aseguran en estos operativos, es posible detectar otros ilícitos relacionados con el aprovechamiento forestal, entre ellos, el lavado de madera ilegal con documentos oficiales, usar estos para amparar más de un viaje o el reporte de especies distintas a las transportadas, entre otros.
Los operativos donde participaron también elementos de secretarías de Seguridad estatales y autoridades de medio ambiente de los estados, forman parte de las acciones que impulsa la Profepa contra la tala ilegal y que tiene por objetivo vigilar distintas etapas de la cadena productiva forestal, para identificar y frenar diversos ilícitos ambientales.
“La Profepa continuará organizando estas acciones en coordinación con instituciones de los estados y de la Federación, a fin de frenar la tala ilegal y todos los impactos que nos deja: pérdida de cobertura forestal, extracción ilegal de suelo, pérdida de la capacidad para infiltrar agua y capturar CO₂, destrucción del hábitat de innumerables especies de flora y fauna silvestres, desplazamiento forzado de las comunidades dueñas de los territorios, entre otros, que se suman a las afectaciones económicas para los emprendimientos comunitarios forestales que aprovechan sus bosques de manera legal, justa y sostenible.
“El trabajo que realiza la Profepa se articula con el que lleva a cabo todo el sector ambiental, que está trabajando para fortalecer y apoyar al manejo sustentable y legal de los bosques por parte de los ejidos y comunidades que los habitan”, explicó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
LP