Para evitar que un deudor alimentario salga de México tras incumplir con la obligación 60 días consecutivos, la bancada del PRI en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles, con el fin de que un Juez avise a las autoridades migratorias.
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Luego de entregar el documento en la Oficialía de Partes del Congreso local, Heriberto Treviño, líder de la bancada del PRI, detalló que la modificación sería al artículo 1075 Bis del Código de Procedimientos Civiles, con base en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El asunto, explicó Treviño, es que el Máximo Tribunal determinó que es constitucional la restricción que se puede imponer para salir del país a personas deudoras alimentarias.
“Buscamos que el juez familiar pueda dar aviso a las autoridades migratorias, y demás autoridades competentes, para restringir la salida del país a deudores alimenticios, cuando hayan pasado más de 60 días de incumplimiento de su obligación, siempre y cuando la medida sea idónea para el cumplimiento de esta obligación.
“Así lograremos darle mejores herramientas al impartidor de justicia familiar para proteger el derecho humano y el interés superior del menor para recibir alimentos”, explicó el priista.
Treviño recordó que la Corte resolvió el amparo 24/2021, en el que los alimentos, como garantía de un nivel de vida adecuado, “son un derecho para los menores de edad, una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores y un deber a garantizar su cumplimiento por parte del Estado”.
En la presentación de la iniciativa también estuvieron los diputados Ivonne Álvarez, Lorena de la Garza, Alhinna Vargas, Ana González, Gabriela Govea, Perla Villarreal, Filiberto Flores y Julio Cantú.
Pide dar a conocer restructuración de transporte público
La diputada del PRI, Lorena de la Garza, turnó a la Comisión de Movilidad exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como al director general en funciones del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León para que informe del proyecto integral de reordenación y reestructuración de las rutas del transporte público.
“Buscamos coadyuvar a la competencia de las autoridades en adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho ciudadano
“Insistimos en la necesidad de implementar y conformar un sistema integral de movilidad enfocado a favorecer al usuario, incentivando el transporte de bajas emisiones contaminantes con pleno respeto de los usuarios más vulnerables y generando los estímulos necesarios para incrementar la oferta y demanda de este servicio”, finalizó.