Ante un recorte federal que dejará sin casi 4 mil millones de pesos correspondientes al recurso Fortaseg a los estados, expertos de la sociedad civil organizada han planteado como alternativa la creación de un impuesto estatal que contribuya a la recaudación de este rubro, esto para no desamparar a las policías municipales, de las cuales Guanajuato encabeza el primer lugar en atentados con 71 homicidios a elementos durante el año.
"Un llamado que desde la sociedad civil hemos venido haciendo con insistencia es la urgencia de generar una recaudación fiscal específica y etiquetada para la atención a la seguridad pública local", explicó el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.
La desaparición de este recurso representa para Guanajuato la pérdida de 215 millones de pesos y afectará de manera directa a los 17 municipios que tenían acceso a este presupuesto destinado a la inversión en equipamiento para policías, capacitación e infraestructura.
“Los estados y los municipios son responsables de poner dinero para su seguridad definitivamente, es importante empezar a buscar otros mecanismos para fortalecer la seguridad además de que tengan una bolsa importante por parte de la federación”, comentó María Elena Morera, presidenta de la asociación civil, 'Causa en Común'.
Preocupa especialmente que esta medida afecte en el reclutamiento y condiciones salariales de los elementos de seguridad, puesto que en México se tiene un promedio de 1.3 policías por cada mil habitantes, mientras que los países más desarrollados tienen 3 policías por cada mil habitantes.
"Es un error seguir recortando donde ya la situación es crítica y más cuando en 2019 tuvimos el peor año en materia de seguridad del país, la más alta tasa de homicidios en los últimos veintitrés años y se le suma que este año los homicidios han crecido", concluyó Francisco Rivas.
Este recurso presentó importantes recortes en los últimos años, dado que en 2019 el estado recibió 298 millones de pesos, cantidad que se redujo a 215 millones de pesos para el presente ejercicio 2020 y que desaparecerá por completo para 2021.
De manera paliativa, el estado de Guanajuato cuenta con un fondo totalmente estatal de 200 millones de pesos para reducir el impacto que provocará la eliminación del programa federal, mismo que será invertido en el fortalecimiento de los modelos de seguridad y de los policías.
Adicionalmente, el gobierno realizó la entrega de equipamiento por un monto de 122 millones con presupuesto estatal, al municipio de Celaya quien actualmente con 22 asesinatos es el municipio con más atentados a policías a nivel local y nacional.
Si bien es un tema que se debe construir desde lo local, la federación no puede ser omisa, a que la delincuencia organizada excede las capacidades y las funciones del fuero local, en México actualmente solo 0.89 % del Producto Interno Bruto (PIB) se destina en inversión para seguridad.